Carlos Leal, abogado investigado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha reclamado este lunes al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que "deje de engañar a la opinión pública" con sus afirmaciones sobre el último informe elevado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a la juez María Núñez Bolaños.

En declaraciones a Europa Press, Carlos Leal asevera que Sanz "debería, por su formación y por su cargo, conocer el Boletín Oficial del Estado (BOE), y dejar de engañar a la opinión pública, leyendo argumentarios de partido como si fuera un autómata, y probablemente sin comprender lo que dice".

"Y debería tener la responsabilidad por su cargo de estudiar el asunto antes de mostrar a la opinión pública su enorme ignorancia en la materia", ha indicado el letrado después de que, la semana pasada, el delegado del Gobierno defendiera que el Gobierno central otorgó ayudas extraordinarias para prejubilaciones "con normativa" frente a la actuación de la Junta, que lo hizo "sin amparo de ninguna norma".

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cabe recordarlo, ha elevado un escrito a la juez María Núñez Bolaños en el que reconoce que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de "concesión directa".

Pues bien, Carlos Leal recuerda que, en el caso ERE, "lo que imputa la instrucción" es que la Junta de Andalucía "ha concedido las ayudas sociolaborales a trabajadores infringiendo la normativa de subvenciones, establecida en la Orden Ministerial de 1995, que como regla general obliga a otorgarlas con concurso público, cosa que no se ha hecho".

SANZ "INTENTA DESVIRTUAR" EL INFORME

"Este es criterio de la Audiencia en su último auto dictado" sobre el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, pone de manifiesto el letrado, que considera que Antonio Sanz "debe saber, porque es licenciado en Derecho y es miembro del poder ejecutivo, que solo el Estado puede establecer la normativa en materia laboral y es competencia de las comunidades autónomas su ejecución".

Por tanto, la comunidad autónoma "sólo puede dar las ayudas a trabajadores conforme establezca la legislación estatal", dice Carlos Leal, que explica que el informe del Ministerio --que Sanz "intenta desvirtuar con sus declaraciones"-- "lo que dice es que la Orden Ministerial de 1995 establece que las ayudas se dan sin concurrencia ni publicidad, se conceden de forma directa".

"Lo que Sanz desconoce es la ley, y me gustaría recordarle que es su obligación conocerla", critica el abogado, que afirma que Andalucía, al igual que todas las comunidades de España, "dentro del traspaso en las competencias de ejecución de la legislación laboral, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1035/1984 de 9 de mayo, tiene reconocido que puede pagar las ayudas con sus propios fondos conforme al procedimiento establecido en la legislación estatal".

Así, precisa que, según recoge el Anexo I de este Real Decreto, "en aquellos expedientes en que se proponga la jubilación anticipada de trabajadores, y cuya competencia resida en la comunidad autónoma de Andalucía, será preciso que ésta cuente con fondos suficientes para su financiación".

También recoge dicho anexo que, "en todo caso, la comunidad autónoma deberá respetar y cumplir las normas sobre financiación, garantías y sistema de cómputo establecido para el sistema de jubilaciones anticipadas", todo ello "sin perjuicio de la competencia de la comunidad autónoma para habilitar fondos, con cargo a sus presupuestos, para subvencionar este tipo de jubilaciones".

"ACUERDO ILEGAL"

Carlos Leal insta a Sanz a "reflexionar", ya que "si en las ayudas a la Faja Pirítica, cofinanciadas entre Junta y Gobierno central, siendo ministro Eduardo Zaplana y delegado del Gobierno Juan Ignacio Zoido, que intervino en su concesión, se firmaron acuerdos para cofinanciar y otorgar las ayudas entre el Ministerio y la Junta, representada por Francisco Javier Guerrero, y dando por hecho que el Ministerio actúa dentro de la ley, es inconcebible que el Gobierno firme acuerdos con una comunidad que no fuera competente para otorgar las ayudas sociolaborales".

Y es que "si la comunidad autónoma no fuera competente, el Gobierno de España habría firmado un acuerdo ilegal, infringiendo gravemente el ordenamiento constitucional", opina Carlos Leal, que considera que Sanz "debería preguntarle a su compañera de partido y ministra de Trabajo, Fátima Báñez, el contenido del Real Decreto 908-13, aprobado por el Consejo de Ministros presidido por su presidente, Mariano Rajoy, a propuesta de Bañez".

Según manifiesta, en esta disposición, "que fue consultada a las comunidades autónomas, se actualiza la Orden de 1995 y se manifiesta que las ayudas se rigen por la ley de subvenciones, exceptuándose de los requisitos de concurrencia y publicidad, y que por tanto se dan por concesión directa".

"Igual que la Orden de 1995, que se dicta conforme a lo establecido en los artículos 81 y 82 de la Ley General Tributaria, que era la norma que regulaba en ese momento la concesión de subvenciones, y el reglamento de subvenciones vigente, puede comprobarlo Sanz si consulta en el BOE esa norma y lee la disposición final primera", concluye el abogado.