Los empleados del sector público que soliciten permisos para cuidar a hijos enfermos de cáncer o víctimas de otras dolencias graves recibirán el 100% de su salario. El Consejo de Gobierno de la Junta dio este martes luz verde a la medida, que beneficiará a la plantilla de la Administración autonómica que se acoja a reducciones de jornada o permisos. La acreditación de esa situación, inicialmente por un mes y prorrogable a un segundo, estará sujeta a la expedición de un informe por parte de un médico facultativo.
El decreto aprobado marca con claridad los supuestos. La equiparación salarial será efectiva en casos en que se justifique la necesidad de que los progenitores (también adoptantes, tutores legales o acogedores) se hagan cargo de forma directa, continua y permanente del menor enfermo. Los supuestos de aplicación son los de ingresos hospitalarios, los tratamientos posteriores en el domicilio familiar o los escenarios de recaídas.
Además del cáncer, la ventaja se extiende a los empleados públicos cuyos hijos sufran enfermedades consideradas graves. El listón ahí lo marca la legislación estatal y se toma como referencia aquéllas que reciben esa consideración por la Seguridad Social en el Real Decreto 1148/2011. Quedan también bajo esa cobertura las propias de la infancia no reconocidas en la norma pero cuya gravedad pueda ser acreditada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta. El Consejo de Gobierno deja también la puerta abierta a actualizar el listado de enfermedades previa negociación con los sindicatos así como la valoración de otras patologías excluidas ahora de la máxima consideración siempre que así lo solicite la persona interesada.
La Junta se encargó de recordar que el listado de enfermedades que sirve de base para los permisos de su personal fue ampliado en 2016 para incluir en esos supuestos las fracturas o luxaciones, las embolias y trombosis arteriales o venosas, y pericarditis reumática crónica, entre otras. En total, un centenar tras elevar el listón como respuesta a los “derechos suspendidos” en las medidas de ajuste que decretó el Gobierno central en 2012 para apretarse el cinturón en el peor tramo de la crisis.
Cláusulas suelo
El sector público recibió este martes de la Administración autonómica otra buena noticia. La Junta incorporará este mes a 13 funcionarios de refuerzo en los juzgados que tramitan las demandas contra las entidades bancarias por abusos en las cláusulas suelo. Es la forma de contribuir a desatascar el colapso provocado por el aluvión de denuncias que amenazaban con alargar los pleitos durante años. En total son ya 44 los efectivos destinados a esa función desde el mes de septiembre.
Los funcionarios se incorporarán a los juzgados de Primera Instancia que gestionarán las demandas, tal y como acordó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El portavoz del Gobierno regional, Juan Carlos Blanco, cargó contra el Ejecutivo central por el “fracaso” del mecanismo extrajudicial para la resolución de los casos de cláusulas abusivas y también por el sistema ideado por el CGPJ de dejar recaer toda la carga sobre un único juzgado en cada provincia. Ya hay 16.000 demandas.
Sin salida aún en las 35 horas...
El Gobierno andaluz reclamó por boca de su portavoz, Juan Carlos Blanco, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aporte ya “soluciones” al laberinto legal en el que están atrapados los funcionarios de la comunidad por el recurso contra la aplicación de las 35 horas semanales. La Junta ha presentado las alegaciones en plazo ante el Tribunal Constitucional e incluso ha consignado partidas en el Presupuesto de 2018 confiando en que finalmente no tenga que volver a las 37,5.
