La patronal de la sanidad privada lanzó hace semanas un sonoro órdago a las comunidades autónomas: sus clínicas están en condiciones de acabar en apenas cuatro meses con las listas de espera que maniatan a miles de pacientes en todo España, un colosal quebradero de cabeza para las administraciones. Eso sí, como nada es gratis sería a cambio de un suculento cheque extendido a su nombre por la nada despreciable cuantía de 1.500 millones. Aunque con escaso eco hasta ahora, la oferta está también desmenuzada para Andalucía: a la Junta le costaría 155 millones deshacerse de las intervenciones o tratamientos que esperan unos 64.000 usuarios del sistema público. Los datos los aporta IDIS, la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, que agrupa a los gigantes de la privada y vela por sus intereses.
El anzuelo lanzado por la patronal sanitaria no es casual. Las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, andan sumidas en un intenso debate sobre cómo combatir las listas de espera. La Junta, de hecho, abrió hace apenas diez días a los sindicatos la puerta de pagar hasta 353 euros más al personal médico del SAS por cada jornada que prolongue en al menos ocho horas. En paralelo un grupo de expertos intenta encontrar soluciones a las altas tasas de demora.
La oferta de la sanidad privada es fruto del músculo que luce desde hace década y media en toda España, y Andalucía no iba a ser una excepción. El sector absorbe ya el 35% de todo el presupuesto destinado a salud que se mueve en la comunidad animado por un cóctel en el que confluyen el deterioro de los últimos años en las prestaciones públicas que ha llevado a miles de usuarios hacia la otra orilla de forma voluntaria, los efectos de los recortes, la proliferación de empresas que ofrecen pólizas privadas a sus trabajadores o los conciertos del SAS.
Esta última partida es significativa: los datos que facilita IDIS hablan de un incremento del 1,5% anual durante el periodo 2005-2014, lo que implica que pese a su defensa del carácter casi sagrado de la sanidad pública la Junta se ha apoyado cada vez más en la privada, incluso en los peores tramos de la crisis. En los Presupuestos actuales, los de 2017, la cifra escala hasta los 427 millones, con un espectacular alza del 10% sobre el ejercicio anterior y un 5% ya de la partida global de la sanidad andaluza. Tras el dato se cobija una extensa lista de prestaciones, desde intervenciones quirúrgicas hasta tratamientos oncológicos, rehabilitación, transporte o sesiones de hemodiálisis.
Negocio en auge
A esa partida de conciertos que costea la Junta se suman las pólizas privadas, un filón a tenor de los datos. En Andalucía había ya a finales de 2015 (los últimos datos disponibles) 1,4 millones de asegurados, con un ritmo de crecimiento del 2,5% desde 2012. El negocio mueve 923 millones de euros anuales, el 13% de toda la tarta nacional y con incrementos anuales del 4%. Esa maquinaria perfectamente engrasada es la que sumada a los conciertos acapara ya el 35% de todo el gasto sanitario andaluz. Tanta expansión ha provocado que los hospitales privados sean ya el 57% de toda la red andaluza (62 frente a los 46 públicos) aunque la oferta de camas, unas 5.900, sea muy inferior (tan sólo el 28%).
“Insultante” y “provocadora”...
El PSOE dejará este año en manos de las clínicas privadas 427 millones en conciertos sanitarios, pero su discurso de defensa a ultranza del sector público y la acusación constante de que es el PP quien persigue a toda costa su privatización silenciosa obligó a su diputado Francisco José Vargas a tachar el pasado jueves de “insultante” y “provocadora” la oferta de la patronal de colaborar en la lucha contra las listas de espera. La Junta oficialmente marca distancias.
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