Las aguas que bajaban mansas desde hace mede la sede socialista de Ferraz hacia la andaluza de San Vicente podrían agitarse de nuevo en marejada por culpa del órdago secesionista de Cataluña. Tras un intento fallido de tomar atajos que contentasen a todos Susana Díaz dio la orden este jueves a su grupo de pulsar el botón verde del sí cuando tocó votar en el Parlamento la proposición no de ley de Ciudadanos que pretendía respaldar al “Gobierno de España, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal y el resto de representantes del Poder Judicial” en “la defensa de la legalidad democrática en Cataluña”. La iniciativa era un calco a la que el PSOE dio la espalda en el Congreso de los Diputados, por lo que sobre las cabezas de los socialistas andaluces pendía la seria advertencia, en forma de orden trasmitida por el equipo de Pedro Sánchez, de que debían ser consecuentes con lo ocurrido en Madrid y votar no.

Nada de eso. Tras esconder durante días la decisión final y un puñado de conversaciones de última hora en los pasillos el PSOE sumó sus votos a los de Cs, el grupo impulsor de la declaración, y a los del Partido Popular. Al final 88 adhesiones y 33 noes, los de Podemos e IU. Mariano Rajoy y el resto de instituciones del Estado ya tienen el respaldo público e institucional en Andalucía que le negó el Grupo Socialistas en el Congreso. Susana Díaz, pues, se desmarca de la línea trazada por su secretario general y de una tacada complace a Ciudadanos, con quien ha pactado los Presupuestos de 2018, y a sí misma al respetar a rajatabla el discurso de colocarse del lado de la “defensa del Estado de Derecho y de la legalidad” que ha enarbolado desde que se aproximó el 1-0. El precio a pagar será otra crisis con la dirección federal.

El PSOE intentó hasta el último minuto salir indemne del laberinto. Había presentado dos mociones a la proposición de Cs que le habían sido aceptadas por inocuas, una para respaldar a los ediles amenazados por el independentismo y otra de solidaridad con los andaluces residentes en Cataluña. El intento a la desesperada de salvar los muebles llegó en forma de enmiendas in voce. Con ellas su portavoz, Mario Jiménez, pretendía navegar entre dos aguas: introducir un remiendo para que en lugar de apoyo al Gobierno figurase “a todas las instituciones” y forzar también la inclusión de la petición de creación de una mesa de diálogo como vía de salida a la crisis. La jugada era perfecta porque Cs lo admitió y el PSOE andaluz intuyó que aplacaría las iras de Pedro Sánchez. Pero se fue al traste.

La jugada de Podemos

Los socialistas quizás no contaran con la habilidad de Podemos para tenderles una trampa. El grupo de Teresa Rodríguez tiró del Reglamento y se negó a que se votasen las enmiendas in voce porque, tal y como costa en ese articulado, se necesita el acuerdo unánime de los grupos. No lo había, así que esas enmiendas se reducían a la nada. A Díaz le tocó entonces elegir entre el sí y el no y optó por lo primero. El PSOE se sacudía la orden de Madrid y complacía a Ciudadanos.

Mario Jiménez cargó tras la votación con dureza contra la “triquiñuela” de Podemos y se esforzó en demostrar que en realidad no hay ruptura con Ferraz porque se intentó introducir las enmiendas. El argumento no colará en el entorno de Pedro Sánchez.

Un tenso debate como prolegómeno

A Juan Marín le tocó defender la proposición no de ley y batallar además contra quienes ya intuía en el debate previo que iban a negarle el respaldo. Hubo cruce dialéctico de alto voltaje con Antonio Maíllo, coordinador de IU, quien advirtió de que Cs tan sólo conseguirá “atizar el fuego” y fomentar el “frentismo”. Desde Podemos, Moreno Yagüe llegó a hablar de “secuestro de urnas”. Marín, visiblemente molesto, les preguntó “cómo se puede estar contra la ley”.

Empleo... y Moreno "low cost"

Por incierta, la votación de la proposición no de ley de Ciudadanos sobre Cataluña era la estrella de la sesión plenaria, pero hubo más ingredientes. Por ejemplo los nuevos anticipos, con cuentagotas, que el Gobierno andaluz suministra sobre cuáles serán los principales ejes del Presupuesto de 2018. Esa ley, quizás la más importante de todas las que se someten al dictado del Parlamento cada año, será precisamente fruto de la buena sintonía entre PSOE y Cs, la misma a la que correspondió Susana Díaz incluso a riesgo de desairar a su secretario general.

La presidenta aprovechó la pregunta de Antonio Maíllo sobre cómo combatir el paro para adelantar que precisamente la lucha contra la lacra del desempleo, la que más persigue a los andaluces, será una de las grandes prioridades de las próximas cuentas públicas. Habrá en esas grandes cifras que presentará en unos días la consejera Montero un compromiso “claro y nítido” para estimular la economía y que eso se traduzca en mejoras en el tejido laboral. Se notará especialmente, adelantó, en aquellos municipios y barriadas con mayor tasa de paro de la región. Era en definitiva un guiño a áreas como Linares, donde hace días se vivió una multitudinaria manifestación en la que se exigieron soluciones a la precariedad que soporta. A Maíllo le sonó a música antigua, a “plática pero no a práctica” y afeó a Díaz que vuelva a exhibir “falta de concreción”.

Las grandes batallas quincenales en el Hospital de las Cinco Llagas las suelen librar la presidenta y el líder de la oposición. Moreno Bonilla se llevó de la sesión la etiqueta de “político low cost”, la desconsideración con la que le infravaloró Díaz para cerrarse en banda a la propuesta de pacto por la educación que le había brindado minutos antes el presidente del PP andaluz. “Para esa política grande de la que usted habla es difícil llegar a acuerdos con un político low cost sentado en la oposición”, le afeó. La expresión la rescataba de una que había utilizado Moreno para ironizar sobre los planes de climatización en las aulas.

Del resto de la sesión un apunte más: se aproximan, por fin, las leyes de Agricultura y de Formación Profesional, mil veces anticipadas y otras mil retrasadas. Marín le advirtió a Díaz de que el pacto para enterrar el Impuesto de Sucesiones no acaba con sus exigencias, y ahí van otras dos. Mientras tanto, desde Madrid se anunciaba que el FLA traspasará otros 1.150 millones a Andalucía.