El Gobierno de Susana Díaz alardeó de músculo legislativo cuando el pasado 14 de febrero presentó el Plan Normativo de 2017, una relación detallada de las iniciativas con rango de ley que pretendía sacar adelante a lo largo del año. El cuadrante aprobado aquel martes por el Ejecutivo de Susana Díaz fue tan optimista que elevó el listón hasta 30 proyectos de ley y 133 decretos, todo un récord. La oposición dibujó entonces una sonrisa irónica porque los precedentes de la legislatura no eran precisamente halagüeños, pero desde San Telmo se defendió con ímpetu la capacidad de su maquinaria para alimentar el BOJA. Eran tiempos en los que sobre la presidenta recaía la acusación de estar anteponiendo su carrera hacia Ferraz a su capacidad de gestión y tocaba desplegar todo un arsenal de futuribles.
Salvo arreón histórico, a la Junta no le saldrán las cuentas. En lo que va de año el Consejo de Gobierno sólo ha sido capaz de finiquitar y enviar al Parlamento para su debate seis de los 30 proyectos de ley que prometió, y ha aprobado apenas 25 decretos de los 133. Los datos que facilita el propio Gobierno hablan de que además trabaja en otros 14 anteproyectos, por lo que en el mejor de los casos su producción legislativa del año tendría el techo en 20 normas, a diez de las 30 prometidas. Y ese escenario, el más optimista, está supeditado a pisar el acelerador: al año le quedan justo 14 martes, por lo que el Ejecutivo necesitaría sacar adelante un proyecto de ley de media en cada Consejo de Gobierno.
La Junta está obligada por ley a examinarse a sí misma en el primer trimestre de 2o18 y con esos datos quizás no roce el aprobado. Pese a ello el vicepresidente Jiménez Barrios alabó a principios de mes en comisión parlamentaria el ritmo de su Gabinete en la parcela de creación legislativa. Los únicos seis proyectos que han visto la luz a lo largo de este año y han entrado ya en el Parlamento son los de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento, la Ley Audiovisual, la de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas y la del Voluntariado. Las dos restantes fueron aprobadas el martes pasado de una tacada, lo que evidencia las prisas para cuadrar el calendario. Afectan a normas ya existentes en materia de Sociedades Corporativas y de extensión de vigencia del Plan Cartográfico y Estadístico de Andalucía.
Lo que queda por hacer
Hasta diciembre restaría aún 24 proyectos por finiquitar, pero se trabaja tan sólo en 14. El Gobierno de Díaz reconoce que todos están en distinto grado de redacción pero desliza cuáles son prioritarios. En San Telmo aseguran que hay especial interés en que caminen hacia el Parlamento cuanto antes por ejemplo la Ley de Agricultura y Ganadería, sobre la que presiona de forma insistente Ciudadanos. También acelerará en las de Formación Profesional, Infancia y Adolescencia, Cámaras de Comercio, Cambio Climático, Comercio Interior o Movilidad Sostenible.
Pero hay más, como los proyectos de las leyes de Juventud, la de Igualdad por la que clama IU o la del Cine, norma que se considera “estratégica” pero cuya farragosa tramitación ya provocó un duro aldabonazo del sector. Aguardan también en el tintero la de Prevención de Violencia o las de Empleo Público. La única que parece allanada es la fundamental: la de los Presupuestos de 2018.
Los ascensores, otra vez en el Parlamento
El diputado popular Jaime Raynaud ha registrado una pregunta en el Parlamento, con ruego de respuesta escrita al Consejo de Gobierno, en la que se interesa sobre si la Consejería de Salud va a revisar los contratos de mantenimiento de los ascensores de todos los hospitales públicos tras el accidente mortal en el sevillano de Valme. La consejera ya tuvo que comparecer hace dos semanas para dar explicaciones sobre el trágico suceso de agosto.
