La Fiscalía ha pedido hoy que se reconozca a Rosario Bermudo como hija del marido de la duquesa de Medina Sidonia, conocida como la Duquesa Roja, al defender que las pruebas de ADN no ofrecen ningún género de dudas, lo que abriría la puerta para que la demandante accediera a una herencia millonaria.
El Ministerio Público ha formulado su petición en la vista oral que se ha celebrado este mediodía en el Juzgado de Primera Instancia 77 de Madrid, que acordó la exhumación del cadáver del aristócrata en Quintana Redonda (Soria) y cuyo resultado confirmó, a partir de las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo de Leoncio González, que es al 99,99 por ciento el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con una sirvienta.
Fuentes jurídicas presentes en la sala han informado a Efe de la petición de la Fiscalía debido a que la familia de Medina Sidonia ha vetado el acceso a la periodistas minutos antes del inicio.
Lo han hecho después de que el juez diera la opción a las partes para que decidieran si permitían o no la asistencia de los periodistas, pese a tratarse de una audiencia pública a la que han accedido varios familiares.
Rosario Bermudo, de 66 años, y su abogado, Fernando Osuna, no han puesto ningún impedimento, pero los cuatro letrados que representan a la familia de la Duquesa Roja se han negado en rotundo, sin dar ningún motivo, ante la sorpresa e indignación de los periodistas.
Ya dentro, según las fuentes, la fiscal ha pedido que se reconozca a la demandante como hija de Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, Luisa Álvarez de Toledo, quien fue miembro de una de las familias más aristocráticas de España cuyo linaje se remonta al siglo XV, y conocida en los años 70 como la "Duquesa Roja", por su oposición a la dictadura franquista.
La fiscal ha solicitado que se condene en costas a los cuatro hermanos de la familia Medina Sidonia por "actuar con mala fe", a quienes ha acusado de dilaciones indebidas por querer torpedear las pruebas y no evitar la exhumación ya que todos ellos, salvo uno, se negaron a realizarse la prueba, lo que no es suficiente para el Instituto Nacional de Toxicología, que requería tres.
Además, ha cargado contra los argumentos de los demandados, quienes no reconocen el resultado de las pruebas de ADN porque sostienen que está viciado de origen debido a la existencia de un detective que actuó al margen de la ley.
En concreto, los abogados de la familia de la Duquesa Roja han dicho que la primera prueba de ADN es nula puesto que se hizo a partir de una botella de agua que uno de los hermanos depositó en una papelera y que más tarde cogió el detective contratado por Rosario Bermudo, para así realizar una primera prueba y tener indicios para iniciar el procedimiento.
Por su parte, el letrado de la demandante ha comentado a Efe que ha solicitado también la condena en costas para todos los hermanos salvo Gabriel, que fue el único que trató de hacerse las pruebas.
Ha destacado el "rigor científico de la prueba y su fiabilidad" para dejar claro que "no existe duda alguna objetiva y razonable" para negar que Rosario es hija del marido de la Duquesa Roja.
A la salida de la vista, la demandante ha expresado a Efe su "inmensa alegría" porque en breve confía que la Justicia la reconozca que es hija de Leoncio González tras "más de cinco años de lucha judicial" pese a que desde que era pequeña su madre ya le contó la verdad sobre quien era su verdadero padre.
"Lo que ocurre es que en esa época había miedo a investigar, era una familia poderosa y luego más tarde ningún abogado se quiso meter", ha explicado. "No me lo creo, después de tantos años estoy contentísima", ha señalado la demandante, acompañada de su marido e hijos a la puerta del juzgado.
Precisamente aquí ha charlado con Gabriel, su supuesto hermano y el único que accedió a realizarse la prueba. Tras besarse, este ha confiado en que sus hermanos pronto hagan los mismo y lleguen a un acuerdo para las cuestiones económicas, puesto que si la sentencia es favorable, Rosario tendrá derecho a una parte de la herencia.
Según el abogado de la demandante, "no serán menos de dos millones de euros", aunque para ello tendrá que abrirse un nuevo procedimiento judicial.
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