Los altos cargos de la Junta de Andalucía que tienen que desplazarse a Sevilla a diario reciben en sus nóminas un jugoso complemento que en la mayoría de los casos ronda o supera los mil euros mensuales. Es una indemnización que se supone debe compensar los gastos en concepto de alojamiento que originen sus trabajos. Este jueves esa retribución siempre polémica volvió a colarse en el Parlamento al plantear de nuevo la queja Ciudadanos, partido que desde su aparición aboga por eliminar “privilegios” para así adelgazar el gasto de un aparato administrativo que considera inflado. La respuesta que recibió de la titular de la Consejería de Hacienda, María Jesús Montero, no adivina cambios: su departamento considera que la indemnización es justa e incluso reprocha a la oposición que siembre más dudas en torno a ella.
Compañeros de viaje en lo que va de legislatura, Ciudadanos y el PSOE tienen una visión opuesta de ese polémico capítulo que tan poco cuadra entre la ciudadanía. La formación naranja está convencida de que seguir abonando abultados pluses a los altos cargos por los desplazamientos es un “lastre” para la imagen de la clase política, mientras la Junta replica con la condición de “derecho” y alerta de que ese tipo de críticas sólo consigue “desprestigiar” a los empleados públicos de la comunidad.
Ésos fueron los argumentos que despacharon los dos partidos. Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, sacó a relucir alguno de los casos más llamativos. Por ejemplo el del matrimonio formado por la directora gerente de la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia y un diputado autonómico. Entre ambos llegaron a ingresar 3.0o0 euros al mes en ayudas para su vivienda. Tampoco entiende Cs por qué se tiene derecho a percibir ese complemento cuando se reside a una distancia de más de 60 kilómetros del puesto de trabajo si hay miles de andaluces obligados a recorrer el mismo trecho, muchos de ellos funcionarios, sin que sus nóminas reciban ese aporte extraordinario.
El último dato actualizado de la Junta en su Portal de la Transparencia, referido a junio, señala casi 50 beneficiarios de esas ayudas, entre ellos el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, gaditano, que se embolsa 1.050 euros mensuales. Por encima de ese listón están quienes ingresan 1.357 euros, entre ellos el presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Ángel Javier Gallego; el secretario general de Agricultura, Rafael Peral; o la directora general de Profesionales, Celia Gómez. A partir de ahí, las cifras se mueven en la banda de 800 a mil euros.
600.000 euros anuales
Ciudadanos, sin embargo, no considera que el montante anual comparado con otras comunidades o el Gobierno central sea muy elevado. A las arcas públicas les cuesta la partida de indemnización por vivienda en torno a 600.000 euros anuales. Lo que le sorprende al grupo de Marín es la cuantía por cabeza, que en la mayoría de los casos ronda los mil euros, muy por encima de los precios medios de los alquileres.
Montero negó la mayor. A juicio de la consejera no hay debate posible porque donde Cs ve la necesidad de acabar con los privilegios para “dignificar la responsabilidad política” la Junta replica con que lo que necesitan los funcionarios no es eso sino que se reconozca que “gracias a ellos funcionan también las administraciones” y que no se insinúe que son “caraduras”. La consejera añadió otro argumento más: si se pierde esa retribución se limitarán las “vocaciones políticas”.
Ni un atisbo de puertas giratorias
La Agencia Andaluza de la Energía, Corporación Tecnológica de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Almería o la Universidad Internacional de Andalucía. En esos cuatro destinos han sido recolocados los consejeros que cayeron en el cambio de Gobierno, pero para el Gobierno de Díaz no se puede hablar de puertas giratorias. “Si al PP no le gusta, que gane las elecciones”, recomendó este jueves su vicepresidente.
