La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, y el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, se esforzaron este martes en escenificar avances en el espinoso capítulo de una nueva rebaja del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, batalla en la que la formación naranja se niega a retroceder un centímetro. Tras más de hora y media de cordial reunión en la que no volvió a oírse la advertencia de que la falta de consenso pueda hacer peligrar el futuro de los Presupuestos de 2018, Marín logró arrancar a la encargada de cuadrar las cuentas regionales el compromiso de que estudiará una de sus principales demandas: que heredar en Andalucía bienes por debajo del millón de euros no obligue a pagar a quienes los perciban. El listón del mínimo exento está ahora situado en los 250.000 euros.
Que el Gobierno de Susana Díaz lo acate requerirá aún un arduo esfuerzo negociador, pero Montero se abrió en el Parlamento a someterlo al análisis de sus técnicos. Si se consiguiera se estaría ante lo que Cs eleva ya hasta la condición de “la mayor reforma fiscal en Andalucía en toda la historia”.
Eso de momento es todavía un futurible, pero que la Consejería de Hacienda no se haya cerrado en banda ya es un primer síntoma. No puede hacerlo porque hace semanas recibió de Marín el órdago de que un rechazo frontal obligaría a Susana Díaz a buscar otro socio parlamentario que le apuntalase los Presupuestos del próximo ejercicio.
El Ejecutivo socialista ha defendido en los últimos meses que es partidario de esperar a que el tributo caiga en toda España por la vía de una armonización nacional, lo que de facto es lanzar el balón al tejado de Mariano Rajoy. “Si tan interesado está el PP en que desaparezca el impuesto pueden hacerlo en el próximo Consejo de Ministros”, no se cansa de repetir Susana Díaz cuando recuerda que es un gravamen estatal cedido a las comunidades. Fue ella, además, la que pronunció en junio por segunda vez la polémica frase de que “los ricos van a seguir pagando”, la sentencia que tanto solivianta a la plataforma ciudadana que aboga por la desaparición o bonificación total del tributo.
Marín asumió tras el encuentro que por delante le queda aún “una negociación muy compleja y difícil” en la que su partido no piensa “ceder”. No acepta, por ejemplo, “el argumento obsoleto de la vieja izquierda de que bajando impuestos se perjudica el Estado del Bienestar” porque cree demostrado que la última rebaja pactada con el PSOE y la que también logró arrancar en el tramo autonómico del IRPF no han mermado la recaudación de las arcas públicas, compensada con los ingresos en otras parcelas. “Ahora lo que esperamos es una respuesta por parte del Gobierno”, subrayó.
Sin prisa, sin pausa
La Consejería de Hacienda estudiará la propuesta, pero a cambio pide a Marín que levante el pie del acelerador. Eso fue lo que transmitió en el comunicado oficial tras la reunión. Se reitera la voluntad de explorar la posibilidad de la exención del millón de euros pero al mismo tiempo receta al líder de Ciudadanos “flexibilidad”. Montero sacó lustre al argumentario de la Junta cuando aprietan las presiones contra el impuesto: la Junta es partidaria de rebajar la presión fiscal a las clases medias, tal y como figura en el programa electoral con el que el PSOE ganó las autonómicas, pero siempre que “no suponga una merma en la financiación de los servicios públicos”. Y aunque ayer no se citase, ahí el Gobierno de Díaz enlaza con otro de sus temas estrella, el de que con mejor financiación autonómica todo sería más fácil...
“Se conforman con las migajas...”
Ciudadanos comparte con el Partido Popular la obsesión de acabar de una vez con el “injusto” Impuesto de Sucesiones, sobre todo porque es en Andalucía donde el tributo alcanza los niveles más altos de toda España. A los segundos, sin embargo, no les convencen las propuestas del grupo de Marín porque son más partidarios de una bonificación al 99% con independencia de la cuantía que se herede, por lo que no serían necesarios los mínimos exentos. “Cs se conforma con las migajas que les ofrece Díaz”, denuncian.