Para Asaja-Huelva, es “una irresponsabilidad que UGT continúe insistiendo en la supuesta existencia de prácticas ilegales de contratación sin que, sin embargo, se dirija a la justicia con pruebas sólidas de sus afirmaciones. Tirar la piedra y esconder la mano no es la mejor estrategia”, a juicio de la organización agraria, “para alcanzar el mejor funcionamiento del sector agrario en general y de la contratación de trabajadores en particular y no contribuye de ninguna manera al prestigio de ninguna de las partes implicadas en el proceso, el propio sindicato incluido, ya que él mismo es parte firmante del Convenio del Campo de la provincia de Huelva”.
Según Asaja, “lanzar acusaciones de tal gravedad en foros públicos sin ofrecer las herramientas que permitan a las autoridades constatar y perseguir estas supuestas prácticas sólo sirve para dañar aún más a un sector del que viven miles de familias de la agricultura y las empresas auxiliares”.
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