El que fuera presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha asegurado este lunes que encara con "mucha tranquilidad" el juicio por la causa 'política' de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que también se juzgará a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, y a otros 20 ex altos cargos.
Así se ha pronunciado Chaves, a preguntas de los periodistas, a su llegada a la sede en Baeza de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde participa en el curso 'Europa, ¿quo vadis?: su incierto futuro en un mundo que se derrumba', que tiene por objetivo desde este lunes analizar la crisis de la Unión Europa con motivo del Brexit y del ascenso de los partidos nacionalistas.
Preguntado sobre cómo encara el juicio que se celebrará en los próximos meses, el expresidente de la Junta ha respondido de manera escueta: "con mucha tranquilidad, ya llegará el momento".
La Audiencia Provincial de Sevilla iniciará el juicio a partir del día 13 de diciembre. Así se acordó el pasado mes de junio en una reunión mantenida por los tres magistrados que compondrán el tribunal encargado de enjuiciar esta pieza separada con los fiscales delegados Anticorrupción, los abogados que ejercen la acusación particular en nombre del PP-A y los letrados defensores de los 22 ex altos cargos.
La vista oral comenzará el 13 de diciembre con las cuestiones previas, que se prolongarán también los días 14 y 15 de ese mismo mes en horario de mañana, tras lo que el juicio se reanudará ya el día 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados. A partir de ese día, el juicio tendrá sesiones los lunes y martes en horario de mañana, a partir de las 10,00 horas, y los miércoles en horario de mañana y tarde, aunque se podría habilitar alguna sesión semanal más en caso de que fuera necesario.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
