La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, que cite a declarar como investigados a cuatro ex altos cargos de la Junta de Andalucía por las ayudas recibidas por los extrabajadores de la empresa Bilore.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público reclama a la magistrada que cite como investigados por esta ayuda al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
Asimismo, la Fiscalía pide a la instructora que cite en calidad de investigados a los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, así como que tome declaración a nueve testigos.
Anticorrupción también solicita a la juez que oficie a la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que aporte una copia íntegra del expediente de la ayuda extraordinaria concedida, solicitada por el presidente del comité de empresa de Bilore, así como copia íntegra del expediente de la ayuda solicitada para once trabajadores de dicha empresa.
El Ministerio Público relata que, en este caso, se investiga la concesión y pago con fondos públicos de la Junta de las primas de cuatro pólizas que tenían como beneficiarios a extrabajadores de la compañía Bilore, con sede en Lucena (Córdoba), que se hallaba "desde años antes en suspensión de pagos y había presentado" un ERE, por el cual "había obtenido la autorización para la extinción de 247 puestos de trabajo, 40 de ellos en Lucena".
De este modo, Vitalia fue la mediadora que intervino, realizando los cálculos de las cantidades a percibir por cada trabajador, contactando Jesús Bordallo con los asegurados y Antonio Albarracín con la Dirección de Trabajo para determinar el coste final de la prima, todo ello "a sabiendas de que iba a ser sufragada íntegramente por la Junta sin sujeción a procedimiento previo ni control alguno".
La Fiscalía añade en este escrito consultado por Europa Press que, según consta en las actuaciones, una vez aprobado el ERE, el Ministerio de Trabajo otorgó una ayuda mediante resolución de 1 de diciembre de 2004 para el pago de parte de la prima de la póliza suscrita con Vitalicio para la prejubilación de once de estos trabajadores de Lucena mayores de 55 años, póliza de fecha 27 de diciembre de 2004.
EL "COMPROMISO" DE GUERRERO
La otra parte de la prima, según Anticorrupción, fue pagada por los propios beneficiarios entregando al tomador, la federación agroalimentaria de UGT, el dinero recibido del Fogasa como indemnización.
En este punto, añade que el importe de las primas asumidas por la Junta, a través de "compromiso por escrito" de su entonces director de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, fueron pagadas por sus sucesores, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a partir del 31 de julio de 2009, "constando abonos parciales desde entonces" por parte de la agencia IDEA hasta un total de 1.158.897,37 euros.
Para finalizar, alude al uso, en fechas anteriores, "del llamado sistema de pagos cruzados" por parte del propio Guerrero.
La juez, en una providencia consultada por Europa Press, acuerda que, en relación a la empresa Bilore, se proceda a la incoación de pieza separada para la investigación de las ayudas recibidas una vez recabado testimonio de los particulares designados por la Fiscalía y que obran en la causa matriz de los ERE.
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