Susana Díaz se la jugó, lanzó un órdago al Gobierno central a sabiendas de que los precedentes no eran halagüeños y el Tribunal Constitucional le devolvió este lunes el boomerang en forma de suspensión cautelar. La decisión unilateral de la Junta de Andalucía de devolver a sus empleados públicos las 35 horas semanales, desmontando así lo que estipuló el Ejecutivo de Rajoy al elevarlas a 37,5 en 2012 cuando más azotaba la crisis, queda formalmente anulada tras aceptar el TC el recurso tramitado por el Consejo de Ministros el pasado día 14 y aplicar la suspensión que esa petición llevaba adosada.
De poco han servido las peticiones del Gobierno socialista e incluso la mediación del líder de la oposición, Juanma Moreno, quien deslizó la pasada semana que había solicitado al ministro de Hacienda, su compañero Cristóbal Montoro, que no se activase la congelación del decreto cuya firma la Junta escenificó con los sindicatos en junio de 2016, convalidado por el Parlamento regional en noviembre de ese año y que comenzó a aplicarse en enero. La guerra está servida.
Mariano Rajoy se cobra así su tercera víctima en otros tantos intentos de gobiernos autonómicos de cuestionar las medidas de ajuste que impulsó hace ahora cinco años. Por distintos cauces judiciales ya paralizó la restitución de las 35 horas en el País Vasco y Castilla-La Mancha y ahora se apunta otra victoria parcial, que no definitiva, con Andalucía, la región que más empleo público sostiene en toda España alimentando a más de 250.000 funcionarios.
El Tribunal Constitucional no ha decidido aún sobre el decreto de la Junta porque para eso tiene un plazo máximo de seis meses. Lo que hizo este lunes fue admitir el recurso planteado por el Gobierno central pero aplicando automáticamente el bloqueo cautelar, la amenaza que pendía sobre la Junta y el daño colateral que más temía Susana Díaz. Tanto era así que el Consejo de Gobierno del pasado martes solicitó formalmente a Rajoy que paralizase esa posibilidad aunque el recurso siguiera su curso, petición que cayó en saco roto. Andalucía, a falta de las alegaciones, volverá de facto a las 37,5 horas y tendrá que batallar además con otro recurso que cuestiona también su Presupuesto de este año por el punto en el que se detalla que las 35 horas también se aplican a las nuevas contrataciones.
El Constitucional avala así la trinchera que cavó el Gobierno central en torno a este contencioso cuando defendió que cualquier modificación de las horas semanales que deben cumplir los empleados públicos vulneraría toda una batería de preceptos estatales, desde los Presupuestos de 2013 que consagraron las 37,5 horas hasta el decreto de racionalización del gasto público en el ámbito educativo o el régimen laboral de los funcionarios estatales. Moncloa insiste en que no se puede discriminar entre unos y otros porque todos pertenecen “al Estado” y su jornada no puede depender de la comunidad en la que residan. El TC ha dado traslado ya del recurso al Congreso, al Senado, a la Junta y al Parlamento andaluz para que en los próximos 15 días presenten alegaciones.
Movilización en ciernes
El grueso de los 250.000 empleados de la Junta ya disfrutaban desde enero de la rebaja laboral, que depende de las consejerías y la especificidad de los destinos. El argumento de advertencia del Gobierno de Díaz ha sido estas dos semanas que volver a elevar a 37,5 las horas pone en peligro la creación de 7.000 nuevos puestos de trabajo, 5.000 en de ellos el sensible sector educativo. CSIF, el sindicato mayoritario en la función pública, avanzó este lunes que alentará movilizaciones e incluso huelga general si no hay una rectificación. Su presidente, José Luis Heredia, tiene cita hoy mismo en Sevilla con el líder del PP-A, Juanma Moreno, para reclamarle explicaciones. El otoño en el sector público puede ser movido.
El desconcertante baile de Moncloa...
Desde el Gobierno central y el PP andaluz se recuerda a Susana Díaz que al apostar por la restitución de las 35 horas se arriesgó adentrándose en un camino plagado de baches. Lo que se le reprocha a ambos desde la Junta y desde el PSOE-A es la ceremonia de la confusión que ha sembrado el Ejecutivo de Mariano Rajoy alentando el recurso el pasado día 14, confirmado ayer por el TC, y sin embargo deslizando que se sopesa seriamente aplicar la rebaja a todos los funcionarios en 2018. Se estaría tumbando algo ahora para recuperarlo en meses...
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