El Parlamento andaluz concluirá esta semana su actividad con la comparecencia de agentes sociales el martes ante la Comisión de Fomento y Vivienda para ofrecer su posicionamiento ante el proyecto de Ley por el que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, mediante la modificación de la Ley reguladora del derecho a la vivienda y de la Ley de medidas para la vivienda protegida y suelo.
Esta es la única comisión que se desarrollará en esta última semana de julio y con ella se dará por concluida la actividad del Parlamento, que el mes de agosto se encuentra inhábil por las vacaciones estivales.
Las comparecencias de los agentes sociales, un total de 17, se iniciarán, a las 9,00 horas, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), a la que seguirán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CC.OO-A.
A continuación comparecerán el gerente de Vimcorsa y vocal de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, Rafael Ibáñez; la Federación de Asociaciones de Consumires y Usuarios de Andalucía (Facua); la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA/UCE); la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa Al-Andalus; la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Andalucía (Adicae Andalucía); el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados; el Colegio Notarial de Andalucía; el decano de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores de la Propiedad; el decano de Andalucía Oriental del Colegio de Registradores de la Propiedad; el Consejo Andaluz de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; el Laboratorio Jurídico sobre Desahucios de la Universidad de Córdoba; la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y el Defensor del Pueblo Andaluz.
El proyecto de Ley por el que se establece el Derecho de Tanteo y Retracto en desahucios de viviendas en Andalucía, actualmente en tramitación el Parlamento andaluz, trata de evitar los lanzamientos de viviendas, donde la Junta ejercerá el derecho de compra preferente de las viviendas afectadas por dación en pago o ejecuciones hipotecarias, con una previsión de incorporar 200 viviendas hasta 2020 al parque público de viviendas, y donde se permitirá a los inquilinos permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler social.
Esta norma tiene como objetivo evitar que se produzcan desahucios en Andalucía a través de la adquisición, por parte de la Administración autonómica, de aquellas viviendas que están en la fase final de la ejecución hipotecaria en el proceso judicial.
El proyecto establece que la Administración ejercerá el tanteo y retracto en función de la situación de las familias, aplicándose a los colectivos de especial protección y atendiendo a un tipo de inmuebles que debe responder a las características exigidas para las VPO. Una vez ejercido el derecho de compra preferente, los afectados tendrán prioridad de alquiler sobre el inmueble que ha sido su domicilio habitual. Asimismo, los afectados podrán recuperar la vivienda si la situación económica de la familia mejora.
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