La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha defendido la creación de un fondo sostenibilidad que garantice un mínimo de prestación de servicios públicos en todo el territorio, similar al fondo de reserva de la Seguridad Social o a la conocida como hucha de las pensiones.
Un nuevo sistema que garantice la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidadesSegún ha explicado, este fondo se constituiría con recursos estatales y autonómicos generados en años de bonanza económica para "salvaguardar la educación, la sanidad y los servicios sociales en momentos de recesión económica".
En una conferencia pronunciada en un encuentro informativo organizado por el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", en el que fue presentada por el expresidente andaluz Rafael Escuredo, la titular de Hacienda ha denunciado que Andalucía ha dejado de percibir 5.522 millones desde el año 2009 por la aplicación del actual sistema de financiación.
Tras lamentar que Andalucía es una de las comunidades más perjudicadas por la aplicación del modelo de financiación autonómica vigente, ha esbozado las propuestas que defiende el Gobierno andaluz para un nuevo sistema que "garantice la equidad, la suficiencia de recursos y la igualdad por habitante entre comunidades".
Ha hecho hincapié en que en la negociación del nuevo modelo de financiación "nos enfrentamos a momentos transcendentales sobre "qué modelo de sociedad queremos y qué servicios queremos" y ha incidido en destinar los recursos suficientes para poder "vertebrarlos y blindarlos, con seguridad, calidad y respaldo social".
Montero ha defendido que el desarrollo del Estado de las autonomías ha permitido la consolidación de los principios de igualdad y solidaridad del Estado de bienestar, si bien ha alertado de que la crisis ha sido la "coartada de quienes no creen en este modelo y propugnan resolver el problema territorial con la vuelta a un Estado autonómico asimétrico".
"No son inocentes los ataques hacia el modelo que recoge la Constitución porque la recentralización supone un vaciado de competencias que a la postre deriva en un ataque a la línea de flotación de los servicios públicos", ha advertido.
En este sentido, ha apostado por un modelo de servicios públicos robustos frente al "bombardeo y desprestigio para contribuir a su desmontaje" y ha planteado un pacto social en el que se llegue a un consenso sobre hasta dónde hay que extender la protección social.
Y en esta línea, ha propuesto crear un fondo de sostenibilidad de los mismos para salvaguardarlos en las épocas de crisis económica.
La financiación de estos servicios se enmarca en el modelo de financiación autonómica, si bien ha precisado que no hay que usar la corresponsabilidad fiscal de las autonomías para sufragarlos.
La titular de Hacienda ha vaticinado que la reforma del modelo de financiación autonómica supondrá una negociación política difícil y ha confiado en que el grupo de trabajo que se va a constituir en el Parlamento andaluz supere la dinámica de confrontación política, concite el máximo apoyo social y concluya en una posición "única" de Andalucía ante la reforma del modelo de financiación.
Ha avanzado que el modelo que defenderá el Gobierno andaluz en el debate de la financiación se basa en cinco pilares: la suficiencia financiera, la corresponsabilidad y autonomía fiscal, la equidad, la sostenibilidad y la lealtad institucional.
Además de la creación de un fondo de sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, Montero ha apostado por una distribución vertical "consensuada y razonada" de los recursos financieros disponibles.
A su juicio, la manera "más justa" sería utilizar los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades suponen en el gasto público total y aplicarlos a los ingresos del Estado.
Ha rechazado la nivelación parcial actual y ha propuesto una nivelación total que incluya el conjunto de los servicios públicos para evitar descuidar gastos no considerados fundamentales como cultura, regulación económica o inversión pública.
Se ha referido a cuestiones metodológicas que debería considerar el nuevo modelo como la determinación "razonable" de las necesidades globales de gasto y ha apuntado a los presupuestos liquidados de las comunidades para determinarlos.
Igualmente, ha defendido la referencia de la población ajustada para la configuración de los servicios fundamentales, tales como número de alumnos universitarios, parados de larga duración y personas en riesgo de exclusión social.
También ha defendido acometer un proceso de armonización fiscal de figuras tributarias, como el Impuesto de Sucesiones, y la desactivación de los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), y el Fondo de Proveedores, con sus correspondientes compensaciones.
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