El abogado Alberto Revuelta ha presentado una denuncia penal ante el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que preside la jueza Núñez Bolaños, contra la Junta de Andalucía y su agencia de gestión de inmuebles AVRA por incumplir la Ley del Suelo, al no conservar en condiciones de salubridad y seguridad varios edificios ubicados en las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur, y que son de su propiedad.
Revuelta, que ha presentado la denuncia a título individual y como letrado pro bono del Comité René Cassin (que presta asistencia gratuita en el Polígono Sur), acompaña su escrito con documentación gráfica en la que puede verse la degradación de los edificios, la ausencia de conservación de los mismos y de su entorno, el abandono de muchos de ellos y la completa insalubridad de varios conjuntos de Martínez Montañés y Los Verdes de Murillo.
La denuncia se presenta por la violación del artículo 15 de la Ley del Suelo, que obliga a los propietarios de los edificios, en este caso la Consejería de Fomento de la Junta, a conservarlos en condiciones de salubridad y seguridad, además de incumplir el artículo 4.4 del decreto que desarrolló la ley y que establece la obligación de las administraciones de realizar obras de conservación y rehabilitación de aquellas zonas que lo precisen.
Además, estima el letrado que también podrían existir delitos medioambientales tipificados en los artículos 325 y otros del Código Penal (vertidos incontrolados y ausencia de control de los mismos).
Lo conocen las autoridades
También recoge la denuncia que Revuelta, el 16 de diciembre de 2016, puso en conocimiento de los hechos a la presidenta de la Junta de Andalucía, el delegado del Gobierno central, la Consejería de Bienestar, el Defensor del Pueblo Andaluz, la comisionada del Polígono Sur, el subdelegado del Gobierno central en Sevilla, la Fiscalía de la Audiencia Provincial, el juez de guardia y el alcalde de Sevilla. Hasta el momento, no ha habido actuación al respecto.
Revuelta, como miembro de René Cassin, asiste como abogado pro bono en el Polígono Sur desde hace cuatro años, en concreto desde la parroquia de San José Obrero, conoce los hechos tanto por el relato de las personas a las que asiste como por él mismo, que insiste en que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal les obliga a denunciar cuando se tenga noticia de un posible hecho delictivo. Además, el comité ha tenido que intervenir en varios casos de las edificaciones ahora denunciadas.
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