La Junta de Andalucía ha entrado en guerra dialéctica con el Ministerio de Hacienda y ya no le satisface ninguna de las ofertas que le llegan desde Madrid. Cristóbal Montoro decidió este miércoles enmendarse a sí mismo, abrir la mano y replicar al bombardeo de críticas que le han llovido desvelando una nueva propuesta de autorización de déficit para las comunidades autónomas. El techo del 0,3% del PIB en 2018 que ha terminado por sublevar al Gobierno de Susana Díaz mejoraría en una décima, hasta el 0,4%.
Eso mitigaría el recorte al que la Junta asegura que se verá abocada: el tijeretazo de 450 millones el próximo año quedaría sólo en 3o0, pero ya nada convence al Ejecutivo regional. Díaz y su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, siguen enrocadas en lo que consideran justo (un techo de déficit superior, del 0,6%) y no se mueven del no.
La oferta de Montoro es a ojos de San Telmo “claramente insuficiente”. El mensaje es diáfano y si no hay una “rectificación íntegra” que se traduzca en reformulación de todos los criterios de estabilidad Andalucía seguirá en el bando opositor cuando este viernes, a las 10:00, se reúna de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La propuesta de Montoro fija también el déficit de 2019 en el 0,1%, lo que desplazaría un año más, hasta 202o, el ansiado objetivo del equilibrio presupuestario. La Junta le reprocha la frivolidad con la que el Ministerio maneja las cifras. “Es algo muy serio y no se puede estar improvisando, cambiando lo que hace escasamente 48 horas se aprobó”, denunció María Jesús Montero en los pasillos del Parlamento poco después de conocer que había sumado una pírrica décima a sus reivindicaciones.
No hay pues augurio de consenso porque la Junta se parapeta tras su aluvión de agravios y reclama que de una vez por todas se aprueben criterios “coherentes” en la fijación del déficit en el que puedan incurrir las comunidades. Se exige una replanteamiento “integral” y se rechaza la estrategia “del palo y la zanahoria” y los “señuelos” con los que cree que le responde Montoro.
La guerra está servida y, salvo sorpresa de última hora, no hay tregua a la vista. El Gobierno de Díaz ha dicho basta y luce una batería interminable de agravios. Reclama más capacidad para endeudarse al entender que sobre sus espaldas recae el peso de la prestación de los servicios más costosos, con la sanidad, la educación y la dependencia a la cabeza. También afea al Gobierno central que se reserve la mayor tajada del déficit, que se beneficie del superávit de los ayuntamientos para maquillar sus cuentas o que haya escamoteado ya 4.600 millones en cuatro años a Andalucía por no abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2013.
Cs no acepta atajos
Montero fue sincera el martes: hasta que no conozca las entrega a cuenta que reciba desde Madrid para el próximo ejercicio no puede adelantar cómo serán las líneas maestras del nuevo Presupuesto de 2018. Ni el anuncio de Montoro en Sevilla ese mismo día de que la comunidad contará con 200 millones más de los que cree le convenció. De esas cantidades en forma de ingresos depende también que se rebaje o no el Impuesto de Sucesiones. Pero Ciudadanos no acepta el atajo. El líder de esa formación, Juan Marín, redobla la presión alertando al PSOE de que tienen que sentarse “ya” a hablar de la eliminación del tributo sin esperar a saber qué remesa envía el Gobierno central. Cs cree que hay “margen suficiente” pero Montero pide más tiempo para conocer “todos los datos de la ecuación”.
De la “soberbia” a la “perplejidad”
El debate sobre el déficit, el techo de gasto y la financiación amenaza con dominar hasta agosto el debate político. La portavoz del PP-A, Carmen Crespo, recomendó por ejemplo este miércoles a Díaz que valore la oferta de Montoro aunque eso suponga aparcar su “soberbia”. Desde Izquierda Unida lo que se percibe es “perplejidad” por “pedir más fondos cuando se quiere eliminar el Impuesto de Sucesiones” y sus ingresos.
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