La Junta de Andalucía sacó este martes a pasear toda su artillería pesada y apuntó con ella hacia el Gobierno central para aclararle, por si quedaba aún alguna duda, que quizás tenga que acatar las últimas “imposiciones” que emanan del Ministerio de Hacienda pero ni de lejos las comparte. Ni los criterios de reparto del déficit ni tampoco el sistema utilizado para calcular el techo de gasto. El Ejecutivo regional acabó por explotar tras digerir los indicadores moldeados desde Madrid por Cristóbal Montoro y enarboló el argumento base con el que ha protestado en los últimos seis años: Mariano Rajoy y el PP están empeñados en “castigar a Andalucía” y los últimos movimientos de Moncloa lo ratifican.
De tal calado es la supuesta afrenta que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió tras el Consejo de Gobierno de que la Junta se declara en “rebeldía democrática” frente al alud de “atropellos” que le llegan desde el Gobierno central. El matiz de “democrática” debe entenderse como derecho a la protesta y al uso de cuantas armas estén a su alcance, porque no habrá en ningún caso “rebeldía legal”. Es decir, se pataleará todo lo que se pueda pero no se caerá en la insumisión porque “la Junta cumple” incluso lo que considera injusto.
La catarata de críticas llegó por partida doble. A primera hora de la mañana la presidenta, Susana Díaz, participaba en un coloquio y desde el atril aprovechó para cargar contra Montoro por orquestar a su juicio “un atropello evidente para Andalucía” al fijar los objetivos de déficit para los dos próximos años. Andalucía, que tendrá que ajustarse a un máximo del 0,3% del PIB en lugar del 0,6% que sugería, verá mermado su músculo de gasto en 900 millones el próximo bienio. Eso según la presidenta es “tremendamente injusto” porque impide que las comunidades puedan proyectar sobre el ciudadano “la recuperación que tanto pregonan Rajoy y el PP”.
La denuncia se escucha desde hace meses por San Telmo y con más fuerza desde el pasado jueves: si es cierto que ya se vislumbra luz al final del túnel por qué no se relaja entonces el corsé que el Gobierno central impone a las autonomías. En lugar de eso, la presidenta clamó contra los “recortes” que intuye tendrá que aplicar su Gobierno para compensar “esos hachazos”. Díaz fue más allá y en sus dardos directos contra el ministro de Hacienda llegó a acusarle de “hacer trampas” al utilizar el buen comportamiento del déficit de comunidades y en especial de ayuntamientos para enjugar los números rojos de la Seguridad Social. Su teoría es que el crédito de 6.000 millones para pagar la extra de verano de los pensionistas en realidad ha salido mucho más cara de lo que el ministro cuenta.
El relevo en el acoso y derribo al Ejecutivo central lo tomaba apenas un par de horas después la consejera de Hacienda. Montero desgranó el inmenso listado de agravios recopilados en los últimos años y ensanchados ahora con los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-20 y la propuesta de Montoro para el techo de gasto del próximo ejercicio. La Junta no entiende las “opacidades” de Montoro en sus cálculos, ni el sistema de voto en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni tampoco los “demoledores objetivos de déficit para las comunidades que son un riesgo para el Estado del bienestar mientras el Gobierno se reserva sin rubor la mejor parte del ajuste”. Todo ello se sumaría al “durísimo recorte” previo en las inversiones de los Presupuestos Generales, al “raquític0 e insuficiente” techo de gasto del 1,3% del PIB y a los más de 4.600 millones que la Junta dice haber perdido desde 2013 por la aplicación de un caduco modelo de financiación autonómica.
Entregas a cuenta, clave
¿Y ahora? Para poder cuadrarlo todo la Junta espera con misterio a las entregas a cuenta que reciba de Madrid, es decir, los adelantos por los tributos cedidos que determinan en buena medida sus ingresos. Montero ironizó ayer y confió en que “sea una buena cantidad” como compensación por las “meteduras de pata”. No es baladí, porque de eso depende el Presupuesto regional de 2018 y también que se convoque a Cs para volver a hablar de la rebaja del Impuesto de Sucesiones.
Montero denunció también que los planes de estabilidad han implicado una “recentralización” de competencias que pone en duda el propio Estado de las Autonomías. Su teoría es que si las regiones pierden fondos y gastan todo en servicios básicos no pueden costear el resto. La Junta recuerda también que las comunidades soportan más gasto que la Administración central pero se les impone un mayor déficit. Si todo fuese en la misma proporción, calcula Montero, Andalucía dispondría de 11.292 millones más entre 2012 y 2020, un 1,8% del PIB.
