La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que el ministro pudo cometer delitos de prevaricación y tráfico de influencias durante el ejercicio de su cargo como presidente de la comunidad andaluza al auspiciar "un flagrante trato de favor en la tramitación y concesión" de un incentivo por valor de 10.093.472,7 euros a Matsa por parte de la Junta de Andalucía.
El texto de la querella ya había sido presentado ante el Tribunal Supremo (TS) por los servicios jurídicos del PP el pasado 25 de junio, si bien en dicho escrito la acción penal también se dirigía contra la hija de Chaves, Paula. Ese mismo día el partido anunció que retiraba su escrito para poder ampliarlo, y la ratificación se dirige ahora únicamente contra el ministro, mientras que se pide que Paula comparezca sólo como testigo.
Fuentes del alto tribunal explicaron que ayer concluyó el plazo que tenía el PP de Andalucía para ratificar la presentación de su querella. Ante una petición por escrito de los querellantes, la Sala de Causas Especiales del Supremo dictó hoy una providencia ampliando este plazo en cinco días, lo que ha permitido la ratificación de la iniciativa penal.
La querella explica los pormenores aprobación, presuntamente irregular, por parte de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Chaves, de un incentivo a la mercantil Matsa en la que, en el momento de dicha aprobación, trabajaba como responsable de sus servicios jurídicos la hija de Chaves, "siendo que dicha circunstancia y la de que fuera apoderada de la referida empresa eran plenamente conocidas" por el entonces presidente autonómico.
CONTRATO POR AYUDA
"De hecho, Matsa habría contratado específicamente a la señora Chaves para obtener la cuantiosa ayuda referenciada, dado que la misma le había sido denegada por dos veces (en septiembre de 2006 y julio de 2007) por no reunir los requisitos legalmente establecidos". Añade el texto que tras la contratación de la hija de Chaves cambió radicalmente la posición de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que pasó a proponer la concesión de la ayuda.
"Todo ello a través de un expediente administrativo en el que se aprecian clamorosas irregularidades, tales como una inusitada celeridad en las contestaciones al solicitante, flexibilidad e inobservancia de los requisitos de la normativa aplicable, incrementos de la cantidad concedida injustificados" y otras circunstancias que se detallas en la querella.
El texto señala que la ayuda fue solicitada en octubre de 2007, al objeto de construir una planta de tratamiento mineral. El proyecto parece cumplir todos los condicionantes exigidos por la normativa autonómica excepto uno, el de no iniciar las inversiones antes de la presentación de solicitud de ayuda. No obstante, durante la tramitación de expediente por la agencia IDEA la Orden reguladora de las ayudas se modificó para sortear el inconveniente.
"Se deduce inequívocamente que este sustancial cambio en la actitud de la Administración andaluza respecto a las solicitudes de incentivo cursadas por MATSAU no obedecería a razón distinta del hecho de haber sido contratada ínterin por la referida empresa la hija de don Manuel Chaves González, presidente de la Junta de Andalucía", señala el texto ratificado hoy.
TESTIGOS
Además de la comparecencia de Chaves en calidad de imputado, el PP solicita la comparecencia de hasta 25 testigos. Entre ellos, la hija de Chaves, el ex ministro de Economía Carlos Solchaga y el ex consejero de la Junta José Aureliano Recio (por su mediación a través del su despacho Recio&Asociados), el ex alcalde socialista de Almonaster la Real Francisco García y de aquellos que integraban el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 20 de enero, y diversos cargos de IDEA y de la empresa Matsa.
La hija de Chaves fue contratada en julio de 2007, sólo unos meses después de la denegación a la empresa de su primera petición de la subvención. La solicitud de octubre de 2007 la realiza Javier López Rubio, que era un mero asesor externo de la firma.
La ayuda, aprobada inicialmente por el Consejo Rector de IDEA, tuvo que ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado 20 de enero, por superar el 1.2 millones de euros.
En dicha fecha la ampliación de poderes de Paula Chaves en la empresa aún no había sido notificado al Registro Mercantil de Huelva. Ello se debe, según los querellantes, a que se buscó "artificiosamente que la fecha de apoderamiento fuese posterior a la aprobación final del incentivo (...) evitando así las correspondientes sanciones que a al menos administrativamente pudiesen recaer sobre el presidente".
Posteriormente, la querella relata una serie de irregularidades que se derivan de la copia del expediente remitido al Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía. Entre otras cosas, se remiten documentos no compulsados o a los que le falta el número de registro, y no existen documentos que acrediten que Matsa está al día en sus obligaciones tributarias.
Los documentos remitidos señalan que la propuesta inicial de IDEA el 4 de noviembre de 2008 era la de conceder una subvención del 15 por ciento total de la inversión (6.931.780,35 euros).
Un día después se presenta otra propuesta intermedia por la misma cantidad que la anterior (sólo se modifican algunos puntos referidos a conceptos que no se consideran incentivables), tras la cual IDEA remite una propuesta final de subvención por favor de 10.093.472,7 euros. Ambas están firmadas por el gerente provincial de IDEA, Félix Soto.
"Sorprendentemente, esa tercera propuesta, en la que se eleva el incentivo en más de tres millones de euros, está fechada el 4 de noviembre de 2008 y no está firmada, ni manual ni telemáticamente, por Félix Soto. El incremento se explica por la aplicación de módulos de ayuda a la obra civil planteada.
La propuesta pasa por la Comisión de Valoración Autonómica, que la eleva al Consejo Rector de IDEA, y allí recibe luz verde el 13 de enero de 2009 con el aval del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo. Es aprobada finalmente por el Consejo de Gobierno presidido por Chaves el 20 de enero.
ALCALDE CONTRATADO
Además, se da la circunstancia de que la única licencia municipal que consta en el expediente es la del Ayuntamiento de Almonaster la Real y la firmó, un día antes de dimitir el 14 de febrero de 2007, el alcalde socialista Francisco García Ruiz, que luego fue contratado por Matsa como director técnico de Relaciones Institucionales.
Con respecto a Chaves, la querella concreta que no se ha incoado procedimiento alguno para dirimir si existió o no incompatibilidad por parte del entonces presidente andaluz, así como la asistencia de éste a la inauguración oficial de la mina en Almonaster en noviembre de 2007, fecha en la que su hija ya trabajaba en la empresa Matsa.
Se aportan además documentos periodísticos que acreditan que un representantes de Matsa, Daniel Vanín, reconoció ante la prensa que la labor de Paula Iborra era apoyar a la empresa en procedimientos legales y que "por casualidad" participó en la subvención concedida por la Junta cuando su padre era presidente.
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