En concreto, el Consistorio solicitaba a la Administración autonómica seguir el ejemplo del País Vasco, cuya Ley del Suelo permite adoptar la vía expropiatoria para instalar elevadores en edificios que carezcan de ellos, cuando exista detrás una situación de “interés social”. Sin embargo, la delegada provincial del ramo, Silvia López, entiende que, antes de poner en marcha una herramienta de ese calibre, el Ayuntamiento debe mover ficha. Según la responsable regional, la cuestión no radica tanto en “quién es el propietario del inmueble”, sino en las decisiones de la Comisión Municipal de Patrimonio.
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