La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para analizar la "eficacia" del protocolo a nivel autonómico firmado en marzo de 2016 por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar los desahucios de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social.
Así, en el texto de la queja, consultado por Europa Press, la institución señala que quiere conocer el grado de desarrollo de los compromisos adquiridos por la Junta, el CGPJ y las entidades locales adheridas al convenio durante este primer año de vigencia, así como analizar si el mismo "es una herramienta eficaz" para la detección de supuestos de vulnerabilidad en procedimientos de lanzamiento de la vivienda.
Del mismo modo, la Defensoría quiere con esta actuación conocer la previsiones de las partes firmantes en cuanto a la prórroga del convenio, toda vez que en estos momentos, añade, "pudiera encontrarse sin vigencia".
De esta manera, el Defensor recuerda en su queja, que el 1 de marzo de 2016 el CGPJ, la Junta y la FAMP suscribieron un convenio de colaboración sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria.
Dicho convenio, continúa el Defensor, prevé un protocolo de actuación que, entre otras cuestiones, promueve la articulación de medidas para que haya una comunicación "efectiva" entre el órgano jurisdiccional que conoce el caso, la Consejería competente en materia de Vivienda, para la inclusión de los afectados en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y los servicios sociales de la entidad local adherida, para que éstos analicen la situación y, en su caso, se adopten las medidas encaminadas a asegurar la actuación de los servicios sociales.
El convenio contempla su activación tanto en los procedimientos de ejecución hipotecaria como en los casos de desahucios por falta de pago de la renta, añade la institución, que apunta que en sus cláusulas tercera, cuarta y quinta recoge los compromisos que, para la ejecución del convenio, adoptan respectivamente el CGPJ, la Junta y los municipios que se adhieran al convenio.
Por otro lado, agrega que la cláusula novena dispone la creación de una comisión de seguimiento del convenio, integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes del convenio, y que la cláusula décima contempla la duración del convenio, que será de un año y podrá prorrogarse por acuerdo expreso de las partes.
De este modo, y tras un año de vigencia del convenio, la Defensoría señala que ha tramitado diversas quejas "en las que era susceptible de aplicación el referido convenio, sin que se haya podido constatar en todos los casos un conocimiento del convenio por parte de los juzgados competentes que estaban tramitando los desahucios".
Por último, añade que "desconoce el impacto que el mismo ha tenido en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, así como en las entidades locales adheridas", y señala que, en la actualidad, "desconoce si se ha producido una prórroga expresa del convenio debiendo significarse que, en caso contrario, habría que entender el mismo derogado".
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