Susana Díaz está empeñada en que su derrota en las primarias, su ahora enterrada batalla con Pedro Sánchez y los rumores sobre un inminente cambio de Gobierno pasen a un discreto segundo plano. A cambio ha puesto en marcha la maquinaria creativa y en el arranque de semana ha tocado a novedad por jornada. Si el lunes fue el anuncio de que quiere fichar a Diego Valderas como comisionado de Memoria Democrática, este martes la atención la monopolizó la filtración de otra de las iniciativas que supuestamente también iba a desvelar en el debate del miércoles.
El guiño esta vez tiene como destinatario a los más jóvenes: la Junta estrenará a partir de septiembre un mecanismo para premiar a los universitarios que cumplan y aprueben sus asignaturas, de tal forma que ese mérito se traduzca en la gratuidad de las del curso siguiente. Eso implica que un buen expediente puede abrir la puerta a una bonificación del 99%.
La medida formaba parte del paquete de propuestas que Díaz deslizó en la recta final de su carrera hacia las primarias. Un tuit del pasado 5 de abril ya lo anunciaba. Ahora la rescata, la moldea definitivamente y entrará en vigor en apenas cuatro meses. El sistema es sencillo: el estudiante abonará el primer curso de la carrera, salvo que disfrute de beca y no tenga que pasar por caja. A partir de ahí, por cada asignatura que apruebe (se exige sólo un mínimo 5) se ahorrará otra el año siguiente. Si se aprueban todas el curso sale pues gratis, con un sistema similar al que se aplicaba hasta ahora con las matrículas de honor. Cada universitario abonaría sólo un 1% del precio porque la Junta teme que aplicar un 100% de bonificación le podría granjear problemas en forma de recurso del Gobierno central, que es quien fija la horquilla de los precios.
Según detalló el portavoz del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, el objetivo es “premiar el esfuerzo e incentivar el rendimiento”, de forma que la Universidad avance hacia un sistema casi gratuito “al igual que ocurre con la Educación Primaria o Secundaria”. Eso sí, habrá que acreditar el esfuerzo en forma de aprobados. La norma será aplicable a todos los grados y también a los másters universitarios. Podrían beneficiarse en torno a 30.000 alumnos y supondrá un desembolso anual de 29 millones para la arcas de la Junta. La gratuidad será siempre compatible con el sistema de becas, de forma que quien las reciba no encontrará obstáculo.
¿De dónde sale el dinero?
La medida tendrá su impacto económico. Para despejar dudas el consejero de Economía y Conocimiento y con competencias en Universidades, Antonio Ramírez de Arellano, se apresuró a matizar que la Junta tendrá que “compensar” a las universidades públicas por esa merma de ingresos. La propia presidenta añadió horas más tarde que el dinero saldrá, por lógica, de los Presupuestos. Queda por saber si detraído de alguna otra partida o ampliado en los de 2018.
La Junta tendrá que cuidarse mucho de no excederse en el gasto porque acaba de recibir un tirón de orejas del Ministerio de Hacienda, que interpreta que ha rebasado la regla de gasto que fijó en su día. La consejera Montero niega la mayor e insiste en que los datos que maneja Montoro son erróneos y que sus cuentas están saneadas.
Quien no da la más mínima credibilidad al anuncio de la Junta es el PP, que censuró “la demagogia” del PSOE por levantar “nuevas banderas” cuando la Junta acumula una deuda con las universidades andaluzas de 278 millones. “De anuncios van sobrados, pero no tanto de credibilidad”, denunció Loles López.
