La sombra de la corrupción ha sido tan alargada en las últimas décadas en Andalucía que su estela sigue aún persiguiendo a su Gobierno y, por encima de eso, a la imagen que la comunidad proyecta en el exterior. Susana Díaz se ha cuidado mucho de que nuevos escándalos empañen su gestión, pero aún le queda ver el desfile de toda una era de poder socialista por los tribunales cuando arranquen los juicios del caso ERE. Y los escándalos vinculados a la supuesta trama de la formación, aunque diluyéndose, siguen alimentando titulares.
Todo ese reguero de irregularidades ahora judicializadas ha retumbado tanto dentro y fuera de España que la UE otorga un sonoro suspenso a Andalucía en el capítulo de percepción de la corrupción en su territoro. Es una de las conclusiones de la última entrega del Índice de Competitividad Regional, un exhaustivo informe que elabora la Comisión Europea cada tres años y que mide un puñado de variables regionales de los 28, desde la educación y el dinamismo económico hasta el funcionamiento de las instituciones que alimentan su maquinaria burocrática. Es ahí donde la Junta se gana un duro tirón de orejas.
El documento cruza datos de varios estudios, desde indicadores nacionales hasta otros de corte internacional como el Quality of Government, elaborado por la Universidad de Gotemburgo, o el Worldwide Governance Indicators, con un enfoque mucho más amplio al ser impulsado por el Banco Mundial. Y la conclusión es demoledora: Andalucía cierra la clasificación autonómica en percepción de la corrupción y, advierte el informe, en la teórica influencia de ésta sobre el funcionamiento de los servicios públicos que reciben sus ciudadanos.
La comunidad queda por debajo de la media europea y nacional y en indicadores negativos (-0,63), lo que implica que incluso ha retrocedido respecto al nivel que marcó en 2013, la fecha de la anterior radiografía.A años luz quedan las regiones que sacan buena nota en el combate contras las irregularidades en la gestión administrativa. El pelotón de cabeza lo forman según Bruselas La Rioja, alumna aventajada junto a Murcia, País Vasco o Extremadura. En un segundo escalón aparecen Navarra, Castilla y León, Asturias o Madrid. Y en el furgón de cola, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y, echando el cierre, Andalucía. Queda pues trabajo por hacer.
Sólo cinco casos, ninguno político
Pese al aluvión de casos que han provocado un desfile de exaltos cargos por los juzgados la Junta de Andalucía tan sólo se siente aludida hoy en día por cinco de ellos. Son los que afectan en la actualidad a su personal en alguno de sus escalafones pero jamás, como insistió este jueves el vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, por cuestiones vinculadas a corrupción política. Los datos los aportó el también consejero de Presidencia en una comparecencia en comisión en el Parlamento regional que acabó en rifirrafe verbal con Ana Mestre, la diputada del PP andaluz que había reclamado los datos.
No hay ningún alto cargo de la Junta de Andalucía que en la actualidad esté investigado por casos de corrupción política. Lo afirmó tajante Jiménez Barrios porque la pregunta que le había formulado el principal partido de la oposición, interesado en remover esa ciénaga, tenía ese epígrafe literal. El vicepresidente, visiblemente molesto por el contenido de la interpelación que llegó a tachar en varias ocasiones de "forzada", identificó tan sólo cinco casos en los que el personal de la Administración autonómica tiene cuentas pendientes con la Justicia por uno u otro motivo. Son por ejemplo, según su propio relato, uno vinculado a la Dirección General de Pesca en el que debe dirimirse la idoneidad de la subvención recibida por una empresa.
También en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural queda por aclarar en los tribunales el papel de dos técnicos de la Dirección General de Planificaicón de Gestión de Recursos Hídricos a la hora de dirimir una disputa entre dos comunidades de regantes de Cuatro Vegas, en Almería. El más que conocido conflicto por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, cerrado y reabierto después, y el de la macrocausa de la formación pendiente en la provincia de Huelva completarían el particular mapa de causas de la Junta en los juzgados.
El vicepresidente se ciñió este jueves a las causas abiertas a día de hoy, pero el PP estaba interesado en sacar a relucir cuentas pendientes. Mestre le recordó algunos de los 87 casos que según su partido salpican a exaltos cargos de la Administración autonómica, más de un centenar, desde los ERE fraudulentos con sus 265 imputados hasta los 300 señalados por la supuesta trama de los cursos de formación para el empleo sufragados con fondos públicos, entre ellos 19 exaltos cargos. "Dos exconsejeros como Antonio Fernández o Antonio Recio siguen imputados", recordó Mestre. Eso en el pasado más reciente, pero al PP no se le olvidan casos durante el periodo en el que Susana Díaz ya ostentaba la presidencia de la Junta, como el de la anulada adjudicación del servicio de ambulancias del 061 por irregularidades en la concesión.
Todo un rifirrafe
"¿Por qué siguen saltando escándalos? ¿Por qué tantas denuncias que hacen pensar en que todo es un modo de operar habitual en la Junta que beneficia siempre a los mismo", le preguntó en voz alta la idputada popular al vicepresidente. En su relato afloraron también casos como el de Invercaria, que conduce al banquillo ya al también exconsejero Francisco Vallejo. La batalla dialéctica se vio inmersa luego en un cruce de reproches en el que Jiménez Barrios atacó al PP por los casos de corrupción que le acechan a nivel nacional. El vicepresidente ni siquiera dejó escapar la oportunidad que la actualidad le brindaba en bandeja de comentar a micrófono abierto la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, víctima del escándalo desatado por la sociedad familiar radicada en Panamá en la que participaba.
