La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha informado este jueves de que más de 60.000 solicitudes se han presentado para participar en los procesos selectivos para cubrir 1.953 plazas de funcionarios de la administración general de la Junta, a la par que ha destacado que las pruebas se están desarrollando "a buen ritmo".

Así lo ha manifestado la titular del ramo durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz relativa ala Oferta de Empleo Público de 2016.

Concretamente, Montero ha explicado que se han registrado 55.730 solicitudes para las oposiciones de acceso libre y otras 4.665 para la promoción interna que permite a los ya funcionarios ascender en su carrera profesional.

La consejera se ha referido al esfuerzo realizado desde su departamento para "optimizar" la programación de todos los procedimientos selectivos mediante la publicación de un calendario orientativo de las fechas claves que facilitará a los opositores la planificación de su estudio. Este calendario, que habían demandado los propios sindicatos, fija las fechas estimadas de publicación de listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos, periodos de alegaciones, así como de las sucesivas pruebas a las que deben presentarse los aspirantes.

De acuerdo con estas previsiones, en estos momentos se está desarrollando la fase de concurso de la promoción interna de los cuerpos generales, una vez que los funcionarios ya han presentado el autobaremo con sus méritos. La lista provisional de aprobados se publicará en la primera quincena de julio y la definitiva, en septiembre.

También ha indicado se han celebrado los exámenes en la mayoría de los cuerpos específicos y en junio se abrirá el plazo para el autobaremo de méritos, de forma que las listas de aprobados salgan, respectivamente, en septiembre (provisionales) y octubre (definitivas).

Respecto a las pruebas de acceso libre, Montero ha explicado que entre el 18 de junio y el 15 de julio se celebrarán los primeros exámenes para los cuerpos superiores de Administradores y Gestión, mientras que los de Administrativos y Auxiliares se desarrollarán en octubre. Por su parte, las primeras pruebas para los cuerpos específicos tendrán lugar entre noviembre y diciembre. En todas estas especialidades, las pruebas habrán concluido en los primeros meses de 2018.

La consejera también ha avanzado que el pasado 9 de mayo se presentaron en la Comisión del Convenio los borradores de las convocatorias para cubrir 800 plazas de personal laboral de la Junta.

ELIMINAR LA TASA DE REPOSICIÓN

Entretanto, Montero ha vuelto a exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que, en el marco del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2017, se elimine la tasa de reposición y se devuelva la jornada de 35 horas a los empleados públicos.

Ha destacado que en materia de empleo público la Junta viene desarrollando una serie de tareas que persiguen un doble objetivo, por un lado blindar los servicios públicos fundamentales, para lo que "no hay mejor manera de hacerlo que reforzando al personal y dándole estabilidad laboral", y por el otro, "porque tenemos que ser capaces de combatir la precariedad que la crisis ha dejado en todo el entorno laboral, incluido en el ámbito de la Administración pública".

En este sentido, la consejera andaluza ha criticado que "por la tasa de reposición y la dificultad financiera de hacer frente a la situación de eventualidad, no hemos podido a hacer las coberturas como creemos que deberían de ser óptimas".

Así, ha exigido al Gobierno central que la jornada de las 35 horas se considere "como un derecho" y que se elimine definitivamente de los PGE una tasa de reposición "que ya no tiene sentido porque el adelgazamiento de los servicios públicos tras siete años de crisis hace imprescindible que se proceda a cubrir las jubilaciones para evitar que por la vía del deterioro se produzca un desmantelamiento".

De su lado, el parlamentario del PSOE Jesús María Ruiz ha criticado que el PP "intenta desmantelar los servicios públicos manteniendo una cruzada con los trabajadores, empeorando sus condiciones laborales, impidiendo reponer las jubilaciones" para, ha advertido, "empeorar los servicios públicos y justificar así su privatización".

Por contra, ha resaltado que el Gobierno andaluz ha mantenido "la defensa" de los servicios públicos y de sus empleados de manera que, "de la mano de sus representantes sindicales, en el 2015 y en 2016 se han acordado etapas para mejorar sus condiciones de trabajo para estabilizarlos en el empleo".