La juez María Núñez Bolaños mantiene imputado a Eduardo Pascual Arxé, banquero barcelonés y exdirectivo de la consultora Vitalia que fue detenido recientemente en Burkina Faso tras fugarse en julio del año 2015, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y archiva provisionalmente la causa matriz de los ERE contra el exdirectivo de Vitalia al entender que "los hechos que se investigan sobre el mismo se están llevando a efecto" en la pieza separada de las sobrecomisiones, "sin que se le siga por otros hechos" en dicha causa matriz.
La juez recuerda que, por medio de un auto dictado el día 9 de noviembre de 2016, se incluyó como investigado en la pieza de las sobrecomisiones a Eduardo Pascual, a quien se atribuyen presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, y asociación ilícita.
Al hilo de ello, la magistrada precisa que el exdirectivo de Vitalia fue incluido como investigado en la pieza de las sobrecomisiones "en su calidad de dueño y administrador de las empresas vinculadas Tindex, Fortia Vida, Apra Leven, Irson Empresarial y Vitalia, a través de las cuales se estructuraron contratos de seguro y sobrecomisiones".
La juez, por todo ello, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa matriz de los ERE respecto a Eduardo Pascual y acuerda que las piezas de situación personal y de medidas cautelares de responsabilidad pecuniaria se remitan a las diligencias previas que se siguen por las sobrecomisiones.
Asimismo, acuerda llevar testimonio del escrito de la Fiscalía a esta pieza separada, "donde se acordará respecto del oficio de OCN Interpol comunicando la detención preventiva del investigado", que fue presidente de Eurobank.
PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN
En este sentido, recuerda que, por resolución de 14 de mayo, se acordó ampliar el auto dictado por el Juzgado el 26 de octubre de 2016 "en el único sentido de acordar la búsqueda, detención y puesta a disposición judicial del investigado al ámbito internacional", y a tal fin se libró la correspondiente requisitoria, debidamente traducida al francés, a la Interpol.
En su escrito, consultado por Europa Press, el Ministerio Público solicita que se tramite una petición formal de extradición de Eduardo Pascual tras su detención en Burkina Faso, si bien pide que, con carácter previo, se archive la causa matriz de los ERE contra este investigado y se remita la pieza separada de situación personal y la de responsabilidad pecuniaria a la pieza de las sobrecomisiones, "en cuyo seno procederá en su caso adoptar la decisión sobre su situación procesal una vez sea puesto a disposición judicial".
La Audiencia Nacional, cabe recordarlo, emitió una orden internacional de búsqueda y detención contra el expresidente de Eurobank, en paradero desconocido desde julio de 2015, cuando contactó por última vez con su abogada. El órgano judicial tomó esta decisión a petición del letrado Ricardo Gómez de Olarte, representante de un grupo de accionistas minoritarios de Eurobank.
LA DETENCIÓN
Eduardo Pascual fue arrestado gracias a una compleja operación de la Policía Nacional en colaboración con la Interpol de España y Burkina Faso y el Agregado de Interior en ese país. Se encontraba hasta ahora en paradero desconocido después de aprovechar su situación de libertad condicional para huir con un pasaporte boliviano. Previamente, había pasado casi 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla.
Estaba reclamado por tres juzgados distintos por los delitos de corrupción, estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, tráfico de documentos falsos y un delito contra la Hacienda Pública.
En septiembre de 2014, prestó declaración ante la juez Mercedes Alaya y aseguró que una aseguradora catalana, llamada Fortia Vida, recibió "100 millones de euros de la Junta de Andalucía" por asumir una serie de prejubilaciones de varias empresas, y ello merced a un "acuerdo entre el PSC de Cataluña y el PSOE andaluz".
