Vallejo anuncia que el Consejo de Gobierno le dará el visto bueno en los próximos días
EFE Sevilla La Junta está ultimando la aplicación de una orden que modificará los incentivos a las empresas con el objetivo de que tengan mayor liquidez y financiación, lo que supondrá menos incentivos a fondo perdido y ampliar el límite máximo de los incentivos “responsables”, ahora en 600.000 euros. La futura medida, que recibirá el visto bueno del Gobierno andaluz en los próximos días a instancias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, fue anunciada ayer por titular de este departamento, Francisco Vallejo, quien incluyó la misma como parte de la actuaciones tomadas para favorecer la actividad económica de las empresas ante la crisis.
La orden irá dirigida a empresas “sin problemática especial” con la idea de fomentar los incentivos “responsables y participativos, y para dar una mejor respuesta a sus necesidades reales”. Por lo demás, Vallejo centró su intervención en el Parlamento en los tres programas para incrementar el suelo productivo, naves industriales y alojamientos para emprendedores, que suman más de 476 millones de inversión “Las medidas que hemos puesto en marcha han sido rápidas, bien estructuradas y contundente para paliar los efectos de la crisis y evitar la pérdida de músculo económico y empleo en el tejido empresarial”, aseveró. Entre estas medidas recordó las ayudas para empresas viables afectadas por la crisis, dotada con 87 millones de euros para lo que queda de este año y 2009. Están dirigidas especialmente a las pymes industriales, que, siendo viables, atraviesan una situación de pérdidas que no pueden solucionar a través de ayuda externa de los mercados financieros privados.
En este sentido, se prevé una ayuda inicial de salvamento para empresas que con carácter transitorio se ven en la necesidad de liquidez, bien a través de un préstamo por parte de la Junta o de una garantía para obtenerlo en una entidad financiera. La ayuda cubre un plazo máximo de 6 meses, en los que se analiza la situación y problemas que han llevado la empresas a la crisis. El consejero precisó que a partir de ahí se aprobará un plan de reestructuración, acordado con los trabajadores, y se otorgarán las ayudas, desde incentivos a fondo perdido, préstamos, bonificación de tipos de interés o garantías para la obtención de créditos. La cuantía máxima de la ayuda permitida por la Unión Europa es de 10 millones de euros por empresa.
Además, Vallejo se refirió a la puesta en marcha de la primera fase del Programa de Suelos Productivos de Andalucía (PROSPA), del Programa de naves industriales y del Programa de Alojamiento para Emprendedores, y la ampliación de la Red de Apoyo al Emprendedor, pasando de los 81 municipios en los que se ofrece alojamiento actualmente a 215 en el año 2010.
Aunque con discursos muy diferentes, el PP e IU coincidieron en demandar a la Junta un “mayor” control de las medidas e incentivos puestos en marcha por la Junta y abogaron por incrementar, en este sentido, el papel fiscalizador del Parlamento.
Ana María Rico, del PP, atribuyó parte de la consecuencias de la crisis a la “errática” política económica de la Junta, mientras Pedro Vaquero, de IU, le recriminó, primero su “tardanza” en reconocer la crisis, y segundo su “optimismo” al mantener que actual situación acabará en el 2009.
