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Martes 11/05/2021

Andalucía

La duda sobre su imparcialidad retira a Izquierdo de los ERE

No formará parte del tribunal que juzgará la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán

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  • Pedro Izquierdo.

La Audiencia de Sevilla cortó este jueves de raíz la pretensión del juez Pedro Izquierdo de ejercer como ponente y por lo tanto integrar el tribunal que tendrá que escuchar los testimonios de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y decidir sobre ellos. La recusación con la que se opusieron el PP y Manos Limpias ha sido aceptada al triunfar la versión de que alguien que ocupó un puesto de alto cargo en la Junta de Andalucía bajo el mandato de ambos difícilmente podría ser imparcial en la toma de decisiones cuando toque juzgar la pieza política de los ERE, la misma en la que ambos exlíderes del PSOE-A están acusados e incluso el segundo de ellos se enfrenta al riesgo de acabar en prisión.

Secretario general para la Justicia entre 2008 y 2014, Izquierdo queda relevado en esa función para la que fue elegido por sorteo al aplicársele el apartado 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí se especifica con claridad que nadie podrá ostentar la potestad de dictar resoluciones cuando esté constatado que tiene “interés directo o indirecto en la causa o pleito”. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla interpreta que, efectivamente, hay motivos más que suficientes para concluir que juzgar a Chaves y Griñán tras haber estado a sus órdenes podría “acarrear dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad dada la relación de dependencia que mantuvo el magistrado ponente con alguno de los acusados”.

El auto difundido este jueves no admite recurso e incide en que depender durante cinco años de un superior podría condicionar seriamente la decisión final que se adopte sobre su implicación o no el diseño del procedimiento específico que supuestamente diseñó el sistema de concesión irregular de los ERE.

Sin garantías

Izquierdo resistió el chaparrón de críticas que le llovió desde del Partido Popular y se mantuvo firme desde su elección en la tesis de que pretendía seguir adelante como juez ponente, en que no debía cuestionarse su imparcialidad y, sobre todo, en que no ha mantenido jamás relación de amistad con Manuel Chaves ni José Antonio Griñán. En su escrito de réplica a la recusación llegó a asegurar que ni siquiera conocía personalmente a los expresidentes cuando fue nombrado para el cargo en la Junta. Esa teoría sí la avala la Audiencia, que rechaza la pretensión del pseudosindicato Manos Limpia de que se reconociera que entre ellos existía algún tipo de vínculo afectivo.

Su puesto ahora lo ocupará Juan Antonio Calle Peña. Sera él el encargado de firmar la sentencia que ponga punto y final al juicio de los expresidentes y otros 20 exaltos cargos de la Junta en la pieza política.

Sin poder garantizarse la imparcialidad ni la neutralidad la Audiencia de Sevilla concluye en su auto que “las apariencias” también “adquieren importancia, bastando que los recelos de los recusantes y de los ciudadanos puedan tener la posibilidad de considerarse objetivamente justificados, lo que entendemos sucede”.

La Audiencia emitió otro auto que en la práctica abre la puerta para que los exaltos cargos de la Junta acusados en la pieza política sean enjuiciados solo una vez y no en piezas separadas. El punto de partida sería la decisión de la Sección Séptima de la Audiencia ante un recurso del exdirector general de Idea Jacinto Cañete por las ayudas de 880.000 euros concedidas a Bética Industrial S.A. Señalado hasta en 124 casos más, la Audiencia considera oportuno “dejar sin efecto” el procesamiento en el resto, lo que podría derivar en que se evite la multiplicidad de juicios.

Un imputado... en Burkina Fasso

Eduardo Pascual Arxé, el expresidente de Eurobank sobre quien pesaba una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional desde 2015 por su implicación en los ERE, ha sido detenido en Burkina Fasso. Acusado de quebrar la entidad y dejarla con una deuda de 150 millones, la Fiscalía pidió para él y sus colaboradores hasta 7 años y 10 meses de prisión, así como el pago de 8,26 millones de euros por los daños causados.

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