El concurso de acreedores de la popular marca de venta de productos cárnicos Jamones Badía ha entrado en fase de liquidación, y en el plan que guía la venta de todos los activos de la compañía y que se está ejecutando ya se recogen dos novedades muy relevantes. Dos claves que explican en buena parte ocurrido en los tres últimos años desde que el fundador Juan Badía declaró el concurso voluntario de dos de sus principales sociedades en febrero de 2014 -Central de Compras Badía, que gestionaba los cinco cash and carry y era el núcleo del grupo, y la propia Jamones Badía-.
En primer lugar, el plan de liquidación de la primera de esas sociedades redactado por el administrador concursal Pedro Montero señala, a la hora de hacer inventario de los bienes de la empresa que se pondrán a la venta: “Debemos hacer mención a que existe otro elemento, como es la marca Badía, la cual tras averiguaciones realizadas por esta administración concursal
se pudo conocer que con anterioridad a la declaración de concurso había sido desligada del activo de la concursada, sin ningún tipo de beneficio patrimonial, por Víctor Badía”. Este era el gerente de Jamones Badía.
Ante ello, y dado que la ley concursal permite al administrador rescindir decisiones tomadas por los gestores durante los dos años previos a la declaración de concurso, Pedro Montero ha presentado una demanda de reintegración que se está tramitando en el juzgado de lo Mercantil de Sevilla que dirige el magistrado Pedro Márquez. Si se resuelve en positivo, la marca pasará a formar parte de los activos en venta. El informe no recoge valoración económica de esta enseña.
En segundo lugar, el informe explica qué encontró el administrador concursal una vez que el juez aceptó su petición de apartar a Juan Badía, empresario de 72 años y creador del grupo, de la gestión de la compañía en concurso en junio del pasado año. Badía seguía cogestionando las empresas en concurso ya que este fue voluntario, no forzado por ningún acreedor. “Tras la separación del anterior administrador social y acceso a la contabilidad real, se pudo constatar que
los importes reales que se le adeudaban a la concursada eran superiores a lo inicialmente señalado” por parte de otras empresas del grupo así como por parte de personas físicas pertenecientes a la familia Badía.
La consecuencia es que esa deuda de otras empresas del grupo con Central de Compras asciende realmente a 4,3 millones, de los que 3,8 millones corresponden justamente a la otra sociedad que presentó concurso en 2014 (Jamones Badía).
Un importe muy cercano a los 4,5 millones que Central de Compras debe a 150 acreedores. Los bienes disponibles para la venta -parte de los cuales ya se han vendido- valen 3,4 millones. Central de Compras tenía otra deuda con bancos (sobre todo Popular y BBVA) de 28 millones.
