La Junta de Andalucía se sumergió en 2013 en la titánica misión de revisar uno por uno los algo más de 8.500 expedientes que daban fe de las ayudas concedidas a las empresas que gestionaron los polémicos cursos de formación para el empleo entre 2007 y 2011, momento de la última convocatoria antes de que el escándalo las congelara durante cinco largos años. La entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte que dirigía Luciano Alonso se marcó el objetivo de dar por finiquitada la búsqueda de irregularidades en el plazo de dos años y se habló de finales de 2015. El titular de la actual Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, asumió este martes que aquella previsión fue muy optimista y en el mejor de los casos el trabajo acabará “a finales” de 2017.
Si se cumple ese nuevo calendario, la Junta habrá tardado la friolera de cuatro años en pasar revista a todos los expedientes y, lo que más preocupa, dar por iniciados todos los trámites en los casos en los que esté obligada a reclamar el reintegro a las arcas públicas de las cantidades a las que no se dio el uso para el que fueron en teoría libradas. El consejero no pudo ni siquiera precisar ayer tras el Consejo de Gobierno el momento exacto en el que concluirán los trabajos y se limitó a confiar en que sea “antes de que acabe el año”.
Aún quedan por escudriñar “1.500 ó 1.600” expedientes de aquel quinquenio clave en una supuesta trama de irregularidades a la que el consejero restó importancia porque “se está desinflando en los tribunales” tras los últimos archivos de causas. Para revisar lo que en su día Alonso alertó de que eran auténticos “trailers de documentos” existe todo un “plan de choque” a cargo de funcionarios, pero según Sánchez Maldonado “la enorme carga de trabajo” que asumen no ha podido evitar que los plazos iniciales hayan acabado por duplicarse.
De lo que tampoco hay datos cerrados a día de hoy es de cuánto reclama en total la Junta a las empresas que pudieron cometer irregularidades, y por tanto cuánto podría recuperar. El consejero alegó que es imposible conocer la cifra exacta porque precisamente queda toda una montaña de al menos 1.500 expedientes a la que hincar el diente. Todo se complica, insistió, porque los procedimientos no son similares sino heterogéneos en virtud de las distintas alegaciones y recursos posteriores que puedan presentar las empresas de formación señaladas en la investigación. “La cuantía final la tendremos cuando la Agencia Tributaria cobre las cantidades que se hayan derivado de estos procedimientos administrativos”, insistió Sánchez Maldonado. Las primeras estimaciones elevaron hasta los 3.000 millones el presunto fraude y calcularon en 980 millones el montante pendiente de justificar.
La lentitud en esa revisión también puede afectar a las empresas que pretendan concurrir a la convocatoria de formación abierta, la primera desde la paralización en 2011. No podrán participar las que tengan deudas con la Agencia Tributaria, por lo que habrá quien no sepa si se le excluye o no hasta que se resuelva totalmente el expediente anterior.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
