Los abogados no se pronunciarán hasta conocer los delitos que les imputan a los implicados en el caso de Marta del Castillo

Los abogados de varios acusados por la muerte y desaparición de Marta del Castillo dijeron ayer a Efe que no pueden pronunciarse sobre la competencia de un jurado popular o un tribunal profesional para enjuiciar el caso porque aún no conocen los delitos imputados a sus clientes ni el grado de implicación.

Estos defensores han dicho que consideran "absurdo" que se les exija pronunciarse ahora sobre el tribunal competente cuando los cuatro acusados no han sido procesados en firme ni el juez ha concretado qué comportamiento delictivo -asesinato, violación o complicidad- imputa a cada uno.

El juez que investiga la muerte de Marta del Castillo ha pedido al fiscal y a los abogados personados que antes del próximo miércoles se pronuncien sobre si el caso debe ser enjuiciado por un jurado o un tribunal profesional, a la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo sobre las competencias de cada uno.

El abogado José Manuel Carrión, que defiende a Francisco Javier D. M, hermano mayor del asesino confeso, ha dicho que antes de pronunciarse necesita saber el delito que se imputa a su cliente "y en función de ello, decidir si está incluido en los previstos por la Ley del Jurado".

Por ello, ayer presentó en el juzgado de instrucción 4 de Sevilla un escrito en el que anuncia que no se pronunciará hasta que se produzca el procesamiento formal de su cliente, pues mientras tanto no puede pronunciarse "sobre los hechos que parece que se le imputan".

El letrado José Antonio Salazar, que defiende a María G. M, novia del hermano mayor del presunto asesino, ha manifestado que no va a posicionarse sobre una u otra alternativa y va a decir al juez que la única opción es el sobreseimiento del caso respecto a su cliente.

"Si no veo indicios de ningún delito, que no me pregunten como quiero que se juzgue lo que no veo", ha dicho el abogado.

El juez de instrucción 4 de Sevilla pidió a las partes que digan si quieren que el procedimiento se tramite como un sumario ordinario o según la Ley del Jurado, a la vista de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la condena por el asesinato y violación de dos policías en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ordenó repetir el juicio ante un jurado popular.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Sevilla y de la acusación particular que ejercen los padres de Marta han indicado que posiblemente no tomarán una decisión hasta agotar el plazo, y lo mismo hará la abogada del asesino confeso.

Prueba psiquiátrica y psicológica para el asesino confeso

Mientras, el asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel C. D, será trasladado hoy a los juzgados de Sevilla desde la cárcel para ser sometido a una prueba psicológica y a la segunda parte del estudio psiquiátrico que comenzó el pasado 2 de julio.

Fuentes del caso informaron de que el imputado será trasladado a las 9.30 horas desde la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla), donde cumple prisión provisional por el asesinato de Marta desde el pasado 16 de febrero.

Miguel debe ser sometido a la segunda parte del estudio psiquiátrico iniciado el pasado día 2 y a una prueba psicológica, ambas ordenadas por el juez de instrucción 4 de Sevilla a petición de la defensa del joven.

La prueba psiquiátrica está a cargo de Julio Guija, psiquiatra y director del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, y de otro forense y Jefe de servicio de Clínica, mientras que la psicológica será realizada por una de las psicólogas de los juzgados sevillanos.

Estos estudios, que podrían ser utilizados para alegar alguna atenuante en el futuro juicio por la muerte y desaparición de Marta, se han acordado pese a la oposición de la Fiscalía, que argumentó que el imputado no ha aportado ninguna documentación previa que permita sospechar la existencia de una anomalía psíquica.

Miguel C. D, de 19 años, permanece encarcelado como asesino confeso de la joven Marta del Castillo, que desapareció el pasado 24 de enero, y el 26 de marzo protagonizó un intento de suicidio con el cordón de un chándal en los servicios de la cárcel.