Casi seis años después de arrancar las investigaciones la primera pieza de los ERE, la macrocausa emblema de la corrupción en Andalucía, tiene ya todos los parabienes para conducir al banquillo a todos los implicados en esa supuesta trama. Solventados por fin todos los recursos, finalmente serán 22 los acusados que tendrán que comparecer para dar explicaciones sobre su presunta participación en el procedimiento específico. Ése fue el mecanismo que la Fiscalía Anticorrupción cree que se diseñó en las alturas de la Junta de Andalucía para repartir de forma arbitraria y sin control alguno hasta 855 millones de euros a lo largo de una década.
Como señalados en esa pieza política figuran los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 exaltos cargos de la Administración andaluza, rostros de toda una era en la Junta y el socialismo regional. El número final de procesados lo ha determinado la resolución, notificada este jueves, por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla de todos los recursos presentados por los imputados. Con la puerta cerrada ya a más intentos de eludir el juicio, a esos 22 señalados ya sólo les queda que se fije en el calendario el momento de colocarse frente al tribunal. No se han librado de comparecer en el último momento el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa ni el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, acusados de prevaricación y cuyos recursos han sido desestimados.
El resto de procesados integra la lista de sobra conocida. Figuran así seis exintegrantes del Gobierno andaluz, desde el que fuera todopoderoso consejero Gaspar Zarrías hasta sus compañeros Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo. Implicados están también dos exviceconsejeros, dos directores generales de Trabajo, un interventor general de la Junta, un exdirector general de Presupuestos, un exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y dos directores generales de Idea, la agencia pública en la que se fraguaron todas las ayudas que finalmente cayeron en manos equivocadas.
La pieza política de los ERE fue la primera del entramado en ver concluida su larga instrucción. Con ella se trata de averiguar si existió un sistema moldeado en la altas esferas, el denominado procedimiento específico, con el que se “eludió la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía”. La definición la acuñó en su día Álvaro Martín, el juez de refuerzo que se incorporó al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en tiempos aún de Mercedes Alaya, quien acabaría cediendo el tramo final de la instrucción en una dura pugna personal con su sucesora, la jueza Núñez Bolaños.
Riesgo de prisión
De los 22 señalados en la pieza política el expresidente Griñán se enfrenta a la seria amenaza de los seis años de prisión que solicita para él la Fiscalía Anticorrupción, además de 30 de inhabilitación, al considerársele autor de un delito de malversación y otro de prevaricación. A su predecesor en el cargo, Manuel Chaves, sólo se le piden diez años de inhabilitación al achacársele prevaricación pero en ningún caso malversación.
Griñán quizás sea el procesado más mediático, pero no el que afronta la mayor petición de pena. Para los exconsejeros Viera, Fernández y Vallejo, por ejemplo, solicita el Ministerio Público hasta ocho años de prisión, dos más que para Martínez Aguayo. En el otro extremo, hay cuatro exaltos cargos a los que la Audiencia exculpó en el último minuto, hace apenas una semana.
Alaya: “No se me permitió quedarme”
Mercedes Alaya no perdona que la despojasen de la instrucción de los ERE en su tramo final. En una conferencia pronunciada este miércoles en Valencia fue tajante. Preguntada sobre si el poder condiciona a los jueces, sentenció que “claro que los mueven a su antojo” y se puso como ejemplo: “Yo estoy en la Sección Séptima porque no se me permitió quedarme. El CGPJ votó unánime, PP y PSOE, y también el TSJA”.
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