El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha considerado hoy que la justicia debería suponer política y socialmente la misma "prioridad" que la educación y la sanidad, y ha alertado de que las demoras en su reforma "agravan" el problema y "dificultan" las soluciones.
Del Río ha hecho estas reflexiones durante la presentación de la memoria 2016 del alto tribunal andaluz, cuyo análisis judicial recoge que las "deficiencias" advertidas en ejercicios anteriores acumulan ya "más de un lustro esperando".
El presidente del TSJA ha señalado que la clase política ha de ser consciente de que invertir en justicia "no es un gasto" y ha lamentado el mantenimiento de un sistema de organización "insostenible y poco operativo".
En su opinión, la justicia debe salir del debate político y sí crear consensos para que los políticos "se pongan de una vez por todas" a reformar las leyes, especialmente en materia penal y organizativa.
"Transcurrido más de un lustro, el camino recorrido es decepcionantemente corto, (...) el actual sistema es insostenible y poco operativo y se imponen soluciones rápidas y consensuadas que conformen un nuevo modelo y traigan la imprescindible racionalización de los instrumentos personales y materiales", indica la memoria.
Según el TSJA, la justicia se encuentra en un primer estadio, importante aunque incipiente, de transformación tecnológica, pero con la misma estructura organizativa y funcional de jueces, funcionarios y con una planta judicial prácticamente invariable.
Durante el 2016 apenas se han producido cambios con relación a la situación que describe el compendio de memorias anuales elaboradas a partir del año 2010 y solo puede hablarse de avances y cambios cualitativos en el proceso de digitalización, aunque con "importantes deficiencias a corregir".
Sigue sin abordarse además la necesaria reordenación de efectivos, a la que "parece resistirse" la administración autonómica competente y lo que lastra cualquier posibilidad de eficiencia en la organización y funcionamiento de las oficinas judiciales.
Por ello, Del Río ha apostado por reorganizar la justicia, dotarla de más recursos, un mapa judicial y una organización eficaz y ágil, que no responda a intereses localistas o corporativistas, que mejore y cambie la instrucción penal y potencie medidas disuasorias del exceso de litigiosidad.
"Son cambios tan necesarios que, mientras no se hagan, será muy difícil materializar plenamente esa aspiración constitucional de una justicia ágil y eficaz, de una tutela judicial efectiva", concluye la memoria.
Por otra parte, en relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró nulas las cláusulas suelo ha indicado que se abre la posibilidad de un innumerables reclamaciones a las entidades de crédito por parte de los consumidores, con riesgo cierto de colapso de órganos civiles.
El TSJA se ha hecho eco de la propuesta de plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas y cree que este deberá poner "especial foco" en Andalucía, con más de la mitad de reclamaciones anuales que se hacen por este tema al supervisor financiero en España.
