Según la información facilitada por el Consistorio a este periódico, sólo dos inmuebles de la relación de 17 que la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico le envío carece de expediente abierto en la actualidad. Se trata de Sagasta, 83 y de Benjumeda, 19. El resto, en cambio, sí ha recibido la visita de los técnicos municipales y se encuentra inmerso en alguno de los procedimientos destinados a garantizar que los propietarios cumplan con su deberes de conservación.
Así, en fincas como Sacramento, 19, Vidal, 1 y Botica, 17 sus responsables han acometido ya las reformas necesarias, tras haber pasado la ITE de vivienda. La misma inspección se está tramitando, paralelamente, en Adolfo de Castro, 18, Flamenco, 1, Soledad, 13, Mirador, 17 y Pericón de Cádiz, 14. En este último inmueble, además, se ha propiciado que los dueños soliciten la licencia de demolición y nueva construcción.
El Ayuntamiento también revela que ha realizado un requerimiento de obras de seguridad en Montañés, 8, mientras que en Plaza de Argüelles, 4 se ha formulado ya la segunda petición de este tipo. De modo que, en caso de que no haya respuesta positiva, el Consistorio emprenderá la vía de la expropiación. Algo que ya ha iniciado, por ejemplo, en Puerto Chico, 10, tras desalojar a sus moradores.
Igualmente, el Gobierno local ha interpuesto hasta la fecha multas coercitivas a los titulares de Hércules, 31 (por ornato), de Mirador, 3 (por ornato y por no desarrollar obras de seguridad) y de Obispo Urquinaona, 31 (por no hacer obras de seguridad).
Se actúa, por tanto, en un 90% de lo demandado. Todas estas medidas llevan a felicitarse al concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, quien considera demostrado que el Ayuntamiento aplica “a raja tabla” los instrumentos a su alcance para forzar el mantenimiento de las casas en buen estado de preservación y sin que existan riesgos para sus residentes.
“No hay más que echar un vistazo a las comisiones de gobierno de cualquier viernes para ver cuál es el ritmo que se imprimen en el negociado de órdenes de ejecución y ruina o con las propias ITE”, apostilla el edil popular.
Desde el año pasado
Fue en junio de 2008 cuando la Oficina de Rehabilitación remitió al Consistorio un escrito, firmado también por las ocho asociaciones vecinales de intramuros, donde figuraban estos 17 edificios con infravivienda. Eran los únicos de 62 en los que los representantes autonómicos habían arrojado la toalla. Y es que los demás dueños cerraron acuerdos con la Junta para su remodelación o se comprometieron a efectuar los trabajos por su cuenta.
Ante esta tesitura, se le pidió al Gobierno local que adoptara las acciones oportunas (ejecución subsidiaria, imposición de multas o expropiación) para lograr que en 2012 la lacra de los partiditos haya desaparecido de la ciudad.
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