La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, ha declarado de especial complejidad la pieza separada abierta por el ERE de Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), que recibió una ayuda de 2,5 millones de euros, en la que están siendo investigadas 16 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y otros cuatro exaltos cargos.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada atiende de este modo la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declara compleja la causa, lo que le permitirá disponer de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
La juez argumenta que, en esta pieza, "se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados", lo que "exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas".
Por todo ello, la instructora considera en este auto dictado el pasado día 3 de abril que "es indudable que procede acceder" a la petición formulada por el Ministerio Público.
En un escrito, el Ministerio Público solicitó a la magistrada que declarase la pieza como de instrucción compleja "al estimar razonablemente, vista la carga de trabajo de este Juzgado, que la investigación no podrá completarse en el plazo mínimo estipulado de seis meses", por lo que pidió fijar "un nuevo plazo de instrucción inicial de 18 meses".
En un auto fechado el 14 de febrero, la magistrada dirigió esta pieza contra Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, y el exdirector general de Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.
LANZAS
La instructora, que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, incluye también como investigados en esta pieza separada al 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, al abogado Carlos Leal, al trabajador de Vitalia Jesús Bordallo, y a varios 'intrusos', dándose la circunstancia de que otro de los supuestos 'intrusos' ha fallecido durante la instrucción de la causa.
La juez investiga en esta causa el procedimiento seguido para la solicitud y autorización del ERE 20/98 (11 de noviembre de 1998) acometido en esta empresa, así como la contratación por parte de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los extrabajadores de tres pólizas de seguros con Personal Life y Fortia Vida, actuando como mediadora Vitalia.
El 13 de mayo de 2002, Vitalia realizó un estudio en el que se incluye una relación de 22 personas, dos de las cuales "nunca han trabajado" en la empresa "y no formaban parte del listado" de personas para las que se proponía la extinción de su puesto de trabajo en el ERE, una de las cuales ya ha fallecido. En este estudio, existía una propuesta de financiación de 1.953.534,72 euros.
El 24 de mayo de 2002, Guerrero y el entonces presidente del antiguo IFA y exconsejero de Empleo Antonio Fernández firmaron un convenio por el cual "se asume el compromiso de facilitar ayudas" a las 22 personas integrantes de la asociación de extrabajadores por un importe de 1.953.534,70 euros, "no adjuntando en el convenio el listado de las personas beneficiarias de tal ayuda".
El 9 de julio de 2002 es la fecha de efecto de una de las pólizas de Personal Life en la que figuran 23 asegurados, entre ellos tres 'intrusos', como son Mariano Martínez Fernández --ya fallecido--, Adoración Navarro Fernández y Juana Pilar Viedma, estas dos últimas incluidas como investigadas en esta pieza separada.
El 10 de julio de 2002, Guerrero "envió una carta" a Pablo Millán manifestando que, "de acuerdo con lo estipulado en el convenio de colaboración de fecha 24 de mayo, autoriza el pago", tras lo que éste último autorizó a una entidad bancaria a que realizara los pagos, "indicando que en el campo de observaciones haga referencia de que se trata del pago de la póliza para ayuda a extrabajadores de Matadero de Fuenteobejuna".
"VISTO BUENO" DE BARBERÁ
Ya el 21 de marzo de 2003, y según indica la juez, Guerrero y el que fuera director general del antiguo IFA Francisco Mencía --fallecido-- suscribieron un convenio de colaboración "para el pago del suplemento de la póliza de prejubilaciones de los extrabajadores" de la empresa por un importe de 450.700 euros.
Por último, Guerrero mostró su conformidad en febrero de 2007 a que se suscribiera una póliza para tres extrabajadores, comprometiéndose a abonar 111.253,18 euros, de forma que en el listado de las tres personas beneficiarias de esta póliza "aparece como intrusa" Florencia Romero Valdivia, persona que "nunca ha trabajado en Matadero de Fuenteobejuna".
El 22 de julio de 2009, Juan Márquez acordó ordenar a la agencia IDEA el pago de las ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de la empresa en relación a esta póliza por importe de 124.023,93 euros, tras lo que la orden de pago "contó con el visto bueno" del entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
