La Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz ha requerido al Ayuntamiento de Cádiz la retirada inmediata de una bandera republicana en la plaza de la Constitución de la ciudad de Cádiz.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el concejal de Memoria Histórica, Martín Vila, señala que la bandera de la II República “es símbolo de la memoria histórica” por lo que su izado se contextualiza en la celebración de las II Jornadas por la Memoria que arrancaron ayer 4 de abril con la inauguración de la exposición ‘El ADN de la memoria’.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, calificaba como “absurdo” la denuncia de la Delegación del Gobierno, asegurando que se trata “simplemente de una bandera en el marco de una conmemoración”, a la vez que quiso "quitarle hierro" al asunto, afirmando que el hecho de "que se ponga una bandera republicana en el marco de un acto de conmemoración es igual que cuando ponen la bandera del orgullo gay o la de una celebración deportiva".

Sin embargo, desde su mismo partido político donde el portavoz municipal, Fran González, consideraba que “no puede ser todos los años que por el Día de la República esté servida la polémica, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Subdelegación”. El grupo municipal socialista pide a ambas administraciones que “se dediquen a trabajar por Cádiz y a gestionar los asuntos pendientes”. Por ello, insistió en que “se dejen de polémicas estériles y de distraer con banderas a los ciudadanos”. Recordó que ya ocurría el año pasado una situación de estas características y “no es de recibo que vuelvan a lo mismo”.

Con ello coincidía López Gil que manifestaba que no le parece que el camino de las administraciones sea denunciarse, ya que "al final, el Ayuntamiento de Cádiz, al que le gusta mucho jugar con el espectáculo y lo hacen siempre de una manera intencionada porque es parte de su acción política, consigue que se hable de estas cosas y no de otros problemas de la ciudad". Desde la Subdelegación recuerda al delegado del gobierno autonómico en Cádiz que las instituciones públicas y sus representantes “somos los primeros que debemos respetar los principios de objetividad y neutralidad en sus actuaciones”.

Desde el Partido Popular, su portavoz Ignacio Romaní, considera que el nuevo capítulo sobre las banderas en Cádiz es “el reflejo de quien tenemos como alcalde por obra y gracia de Fran González”. A su juicio, todo lo que sean “fuegos de artificio, escaparate y asuntos menores tiene la atención de este alcalde y del propio Ayuntamiento”.

Recordó que hay temas como el presupuesto en vigor, donde ha dejado a cero todas las partidas en materia de vivienda, empleo o mantenimiento de edificios, pero “lo importante es poner o quitar banderas”. De hecho, añade el portavoz popular, “estamos convencidos de que la única actuación en materia de empleo que tenía en cartera el alcalde estaba destinada al que fabrica las banderas”.

Por su parte, desde Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, se considera que la izada de esta bandera tricolor es otra más de las “chaladuras de este equipo de Gobierno, con la intención de hacer ruido, acuden a estas cosas esperpénticas”. En lugar de gestionar y “solventar los problemas.

Prefieren no hacer nada y buscar subterfugios para hacer ruido”. Pérez Dorao añade que “seguramente les traiga dolores de cabeza porque una administración pública no puede colocar esta  bandera y va a obligar a la Delegación del Gobierno a abrir expediente con toda la razón.

Las instituciones
La Subdelegación aclaró que “dicha colocación ha sido iniciativa del Ayuntamiento de la capital, que tras dos peticiones de información, ha reconocido que la ha colocado por unas jornadas organizadas por su Delegación Municipal de Memoria Democrática”. Se requirió al Ayuntamiento gaditano a que informara con carácter inmediato sobre la autoría de dicho izado, bien si correspondiera al propio Ayuntamiento o a una iniciativa privada y, en este caso y por haber sido colocada en una zona municipal, se instaba además a la identificación de los responsables de estos hechos.

Se considera que dicha colocación vulnera el principio de objetividad y de neutralidad que debe regir la actividad de todas las administraciones públicas. Conforme al artículo 103 de la Constitución Española, “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”. Y en los mismos términos se expresa el artículo 6.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación a las entidades locales, al disponer que las mismas “sirven con objetividad los intereses públicos que les estén encomendados y actúan con sometimiento pleno a la ley y el derecho”. Caso de hacer caso omiso a este requerimiento se ejercitará acción ante los tribunales de justicia.

Por su parte, Martín Vila ha explicado que “de momento no hemos recibido ninguna denuncia como anunció el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, tan sólo hemos recibido una petición de información por parte de la Subdelegación del Gobierno preguntado por el responsable y los motivos de la colocación de la bandera de la II República”. Ha explicado que “la bandera de la II República es, desde hace años, símbolo de la Memoria Histórica y símbolo del movimiento memorialista y es por eso que se ha llevado su izado en recuerdo a las víctimas del golpe”.

En cuanto a la ubicación, el concejal ha señalado que “se encuentra frente a las Puerta de Tierra, un lugar declarado como lugar de Memoria Histórica por la Junta de Andalucía” por lo que “se ha considerado que era el lugar idóneo para ello”. Insistió en que “todos los actos de reconocimiento y reparación de las víctimas están amparados por la Ley 52/2007 de Memoria Histórica y la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de la Junta de Andalucía, recientemente aprobada por el parlamento andaluz”.

Invitó  públicamente a todos los representantes del Partido Popular, y en especial a Antonio Sanz, a que participe de las jornadas organizadas por el Ayuntamiento.