Por más amenazas que reciben de ver congelados sus recursos económicos y por más medios telemáticos que el Estado y la Junta ponen a su disposición, los ayuntamientos andaluces siguen regateando, año tras año, su obligación legal de presentar en plazo sus cuentas generales. No sólo es que incumplan el estricto calendario que marca la Normativa Reguladora de Haciendas Locales, sino que decenas de ellos hacen además oídos sordos desde hace al menos tres ejercicios y se han abonado a un mal endémico que convierte a Andalucía en el alumno más desaplicado, con diferencia, en el ranking estatal de rendición de cuentas.
La ley indica claramente que todos los ayuntamientos, además de mancomunidades y entidades menores, deben remitir el documento al Tribunal de Cuentas antes del 15 de octubre del año posterior al de su vigencia. En Andalucía la Cámara de Cuentas, que ejerce como órgano receptor y fiscalizador, permite volcarlo en su base de datos hasta un máximo de 15 días después. Eso quiere decir que todos los municipios de la comunidad deberían haber aportado su balance de 2015 de ingresos, gastos, beneficios y deudas de sus ayuntamientos y empresas públicas antes del 1 de noviembre del pasado 2016. El resultado es demoledor: sólo el 19% de ellos lo hizo. Es más, cinco meses después tan sólo ha aportado la documentación el 55,8%.
Hay otro dato que quita el sueño a la Cámara de Cuentas: hay 70 municipios que no sólo no haya aclarado cuál es el estado más actual de su tesorería o en qué gastan las partidas que recaudan o reciben del Estado, sino que no han rendido cuentas de los últimos tres ejercicios, los comprendidos entre 2013 y 2015. En Cádiz, por ejemplo, están en esa precaria situación los ayuntamientos de El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Puerto Real y Barbate. En Huelva, los de Gibraleón y Nerva. En Málaga, Vélez-Málaga y Benalmádena. Y en Sevilla, incumplen consistorios como Carmona, Écija, La Algaba y Pilas. Y así hasta 70.
Son los casos extremos, pero tampoco hay síntomas claros de mejoría. Andalucía encabeza año tras año los peores registros. El número de municipios que a día de hoy ha entregado sus cuentas a duras penas alcanza el 56%, mientras la Comunidad de Madrid marca un 92% y la Comunidad Valenciana un solvente 93,4%. Canarias y Aragón bordean el 96%. La segunda peor comunidad tras Andalucía, Castilla-La Mancha, está a años luz con un 75% de cumplimiento, 20 puntos por encima. Y los últimos años han sido un varapalo: si en 2014 estuvieron en plazo el 33% de los ayuntamientos, ahora es el 19%.
Advertencias con poco eco
Los ayuntamientos que hacen oídos sordos a sus obligaciones pueden enfrentarse a duras sanciones. Desde multas directas hasta la congelación de las entregas a cuenta y de los anticipos de los recursos que perciben de los tributos estatales. Así lo marca la propia ley, pero en la práctica hay pocos casos de que los tirones de orejas a los municipios lleguen hasta sus últimas consecuencias. Más aún en tiempos de crisis en los que éstos han tenido que hacer auténticas obras de ingeniería financiera para sobrevivir. Y el Estado lo sabe.
Un reciente informe de la Cámara de Cuentas desmenuzaba las excusas de los alcaldes en los últimos años para justificar los reiterados retrasos. Iban desde la falta de personal especializado o incluso de recursos informáticos para volcar los datos hasta las endebles alianzas que surgieron de las elecciones locales de 2015 que retrasaron la luz verde a los Presupuestos.
La Cámara aún espera su reforma
La Cámara de Cuentas de Andalucía no tiene recursos humanos ni presupuestarios para fiscalizar una a una las cuentas generales de todos los ayuntamientos, algo que sí hace con las de la Junta. El organismo aguarda la reforma integral de su estructura y funciones y será en forma de ley, algo que según prometió Susana Díaz debería cristalizar este año. Es uno de los compromisos que firmó con Ciudadanos para ser investida.
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