En las dos jornadas de trabajo participaron 414 congresistas, figurando entre ellos 96 profesionales vinculados a la capacidad intelectual y 318 universitarios. Todos apostaron por el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas personas, y las relaciones con la ciudadanía, que han de ser más cercanas, al igual que la facilidad para acceder a las nuevas tecnologías y su importancia para atender a los discapacitados.
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