El consejero andaluz de Empleo entre 2010 y 2012, Manuel Recio, ha asegurado hoy, en su declaración como investigado en los cursos de formación, que no sabía quién era Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda en Andalucía en 1987 y cuyas empresas recibieron 33,3 millones para actividades formativas.
Fuentes judiciales han afirmado a Efe que Recio, que ha sido citado dentro de la pieza de los cursos relativa a las empresas de Ojeda, ha dicho ante la juez de instrucción María Núñez Bolaños que se limitó a firmar las resoluciones para pagar y no se preocupó de conocer cómo se habían negociado y decidido esas subvenciones.
Recio se refería a las ayudas que recibieron las empresas de Ojeda tras la crisis de la multinacional Delphi en la Bahía de Cádiz, en las que participó en su tercera fase, desarrollada entre 2009 y 2010, según precisó la Fiscalía Anticorrupción en un escrito en el que pedía su imputación.
El exconsejero de Empleo ha afirmado que no miraba los documentos que había en los expedientes porque tenían el visto bueno de la Intervención y los informes jurídicos pertinentes, y ha añadido que desde la viceconsejería le dijeron que había un procedimiento que había que culminar.
También ha asegurado que no sabía que la mayor parte del dinero se destinaba a pagar salarios, como indicaban las resoluciones que firmaba y que no leía enteras porque ya les llegaban con el visto bueno de diversos departamentos, han añadido las mismas fuentes.
Además de Recio, imputado por presunta prevaricación y malversación, hoy han declarado ante la juez varios testigos, entre ellos dos trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) que revisaron todos los expedientes de Delphi.
Estos trabajadores han confirmado que no comprobaban la realidad material de las facturas y de los contratos, y han agregado que todas las irregularidades que detectaron las enviaban al secretario provincial de Empleo.
En esta pieza de los cursos, junto a Recio, están imputados Ojeda y el exconsejero andaluz Antonio Fernández, uno de los principales acusados en el caso ERE.
En la concesión de esos fondos se habrían producido irregularidades por parte de Recio tanto en su gestión como en su justificación, según la Fiscalía, que descartó pedir la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en esta pieza.
En la pieza sobre al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.
Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), según la juez.
Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, afirma la instructora.
