El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, acusado de presunta administración desleal junto a otros cuatro exdirectivos de la compañía, defiende la legalidad de los 11,4 millones de euros que recibió tras su cese al ser una indemnización acordada por los órganos competentes “con observancia estricta”. En su escrito de defensa, expone que la comisión de retribuciones se apoyó “en todo momento”
en un análisis de mercado para avalar tanto su indemnización como la del ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega -fijada en 4,5 millones-, tras lo cual fueron aprobadas por la Junta General y comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Además, Benjumea llama como testigos a una decena de personas, entre ellas el vicepresidente del Banco Santander, Rodrigo Echenique, y el directivo de HSBC Pablo López, al considerar que estas entidades habrían forzado la salida de Benjumea en 2015. Benjumea defiende que fue obligado a irse, lo que generaba derecho a cobrar esos 11,4 millones, mientras que la acusación defiende que se fue voluntariamente. También pide que declare su sucesor, José Domínguez Abascal,
con quien Benjumea acabó enfrentado y a quien empujó a dimitir al tiempo que él salía definitivamente de Abengoa el 29 de febrero de 2016.
El expresidente quiere que declaren además como testigos el exministro socialista y exconsejero de Abengoa, Josep Borrell, y el director financiero de Abengoa, Jesús García-Quílez.
Sobre su posterior contratación como asesor con un salario de 1 millón de euros, aprobada el mismo día del cese en septiembre de 2015, alega que “constituye praxis común en todas las grandes compañías” a fin de no generar vacíos que perjudiquen a la firma. En este sentido, afirma que el contrato “siempre se dirigió a conseguir el beneficio de Abengoa”, razón por la que Benjumea “no ha percibido un solo euro” derivado de estos servicios.
