La Junta de Andalucía repite sin cesar desde hace meses que el presupuesto de la Consejería de Salud, blanco de las mayores movilizaciones ciudadanas de protesta que se recuerdan en los últimos años, fue uno de los más beneficiados cuando tocó cuadrar las cuentas de la comunidad para el presente ejercicio. En concreto, un 5,5% más, uno de los argumento de los que tiró el departamento de Aquilino Alonso para cobijarse del chaparrón de críticas que le llovió desde que arrancó el pasado mes de octubre. Hay una partida especialmente sensible en la que sí se ha metido la tijera y que afecta directamente al personal del Servicio Andaluz de Salud, el de las pólizas que le protege en caso de que surja cualquier incidente en consultas o quirófanos y el paciente perjudicado decida pleitear ante los tribunales.
El seguro que cubre el riesgo de responsabilidad profesional y patrimonial de los empleados del SAS es uno de los contratos más jugosos que licita cada año la Junta aunque su rentabilidad, como siempre que se trate de cubrir riesgos, nunca esté garantizado. Beneficioso o no para las aseguradoras, la Administración andaluza acaba de adjudicar su gestión al grupo AIG por un valor global de 6,7 millones. Lo hizo el pasado 16 de febrero y aún tiene que elevarlo a definitivo cuando venza el plazo de subsanación de alegaciones, si es que se presenta alguna. La cifra es 500.000 euros inferior a los 7,2 millones con los que se resolvió la oferta pública del ejercicio precedente, el de 2016, cerrado con más antelación, el 5 de noviembre de 2015. En aquella ocasión se adjudicó a la filial española de Zurich Insurance, un gigante mundial que sin embargo ha declinado participar este año. La Junta cumple así con la obligación legal de proteger a sus empleados sanitarios ante reclamaciones de terceros, pero con un precio de salida inferior.
Con las plantillas soliviantadas por los recortes y las recién derogadas fusiones hospitalarias aún frescas, la Consejería de Salud incide en que no hay merma alguna. Responde así a la recurrente pregunta de si médicos, enfermeros y el resto del personal están cubiertos con las mismas garantías si la partida global que financia las pólizas ha dado un cuantioso paso atrás. Ahí Salud se cierra en banda y defiende que con el contrato recién estrenado “existen las mismas coberturas para los profesionales que siempre, en iguales condiciones”. La Consejería que capitanea Aquilino Alonso reconoce que “efectivamente baja el precio de la adjudicación” pero añade que la plantilla vuelve a tener “ garantizada la defensa jurídica llegado el caso” a cargo de los letrados del SAS y de la nueva aseguradora. “Cualquier condena o indemnización” sería también asumida por AIG en función del pliego de condiciones del contrato.
No tan claro
A partir de ahí, las discrepancias. Los profesionales afectados por el recorte en la cuantía final de la póliza no comparten con tanta rotundidad esa teoría. Uno de los más tajantes es Antonio Gutiérrez, presidente en Sevilla del Sindicato Médico. “No nos fiamos de las coberturas de esos seguros”, asegura. Y no lo hace hasta el punto de recomendar a sus afiliados, en su inmensa mayoría profesionales del SAS, que “suscriban otro particular por cuenta propia”. El Colegio Médico, recuerda, trabaja por ejemplo en paralelo con aseguradoras. “Es habitual porque nadie te garantiza que todos los riesgos estén cubiertos con el seguro que firma el SAS”, ratifica. Una póliza anual para un profesional de Atención Primaria ronda apenas los 40 euros. “Por esa cantidad no te la juegas”, concluye Gutiérrez.
Bajo un manto de confidencialidad
La Junta incluye una estricta cláusula de confidencialidad en el contrato de los seguros del SAS. En teoría, para proteger a los profesionales y respetar la ley de protección de datos en caso de conflictos. En la práctica eso impide averiguar qué cantidades desembolsaron las compañías, por qué motivos o ante qué denuncias. También contribuye a silenciar por qué la adjudicataria de 2016 no concurrió a esta licitación.
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