La incomprensión siempre hay que lamentarla, porque no suele conducir a nada bueno. En este caso quizá hay que lamentarla especialmente, teniendo en cuenta la dimensión de Cataluña y, a la vez, su condición de motor de la ahora maltrecha economía española. Después de todo ese tiempo, seguramente nadie va a atreverse a decir que ese clima descrito en aquel sondeo ha mejorado con los meses. Más bien cabe intuir lo contrario, ya que solo hace falta ver como está el patio con la financiación autonómica y la decisión del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña; es decir, toda una ley orgánica del Estado.
La financiación autonómica parece encarrilada pero sigue en el aire, con riesgos de que se infrinja el mandato del Estatut, especialmente la garantía de un acuerdo bilateral Estado-Generalitat. A su vez, una sentencia que descafeíne el Estatut añadiría más leña al fuego. Como dice el notario Juan-José López Burniol, la única salida clara al atolladero en que se encuentra, desde hace más de un siglo, la estructura territorial de España es el Estado federal. Pero lo que para muchos catalanes es una evidencia, no deja de ser un problema para buena parte del resto. Dado el desarrollo autonómico y una vez aprobado el Estatut, España es, de hecho, un Estado federal que, curiosamente, no se quiere llamar a sí mismo Estado federal, lo cual contrasta con el hecho de que haya universidades en Europa que estudian España como tal. En realidad, tampoco se trata de hacer de todo esto una cuestión puramente nominalista, porque se trata de algo mucho más profundo. Digamos que España es un Estado compuesto por naciones y regiones, que además se ven a sí mismas así, es decir, que Murcia se ve región y se siente muy cómoda, Castilla La Mancha también se siente a gusto; pero Cataluña y no digamos el País Vasco, o incluso Galicia, se ven de otro modo. Y ahí está la clave de muchas cosas que siguen sin resolverse tras siglos de debate.
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