La Junta de Andalucía no tiene intención alguna de paralizar la oferta de empleo público de más de 8.000 plazas que tiene previsto convocar a lo largo de este año. Lo ha reiterado hasta la saciedad la propia presidenta, Susana Díaz, a lo largo de las últimas semanas y este miércoles fue la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, la encargada de aplicarle el barniz de la oficialidad en sede parlamentaria. Habrá oposiciones pese a las reticencias del Gobierno central y aun a riesgo de entrar en colisión directa con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que alerta de que si los Presupuestos Generales del Estado de 2017 no pasan el examen favorable del Congreso, donde el PP está maniatado por su débil mayoría, quizás no haya margen para que las comunidades autónomas engorden sus plantillas como pretenden.
Lo que aparenta ser un nuevo conflicto entre administraciones es en realidad un juego de presiones para que el PSOE no bloquee los Presupuestos Generales. La Junta, que ya le ha ganado al Gobierno central el pulso de las 35 horas semanales, se siente reforzada y no cede. Montero esgrimió una batería de argumentos para dar por descontado que este año se convocarán 8.045 plazas (3.553 en sanidad, 2.468 en educación y 2.024 en la Administración General de la Junta (924 de acceso libre y 1.100 en promoción interna). Primero para “ofrecer certidumbre y tranquilidad” a los miles de opositores helados por la posibilidad de que se reedite la desagradable sorpresa de 2012, cuando el PP recurrió la oferta de plazas en Educación Secundaria en el último minuto y dejó sin pruebas a casi 35.000 aspirantes que habían pagado incluso las tasas de examen. Segundo, porque la Junta alega que los duros ajustes de plantilla a los que obligó la austeridad dictada desde Madrid durante años han adelgazado tanto sus efectivos que en algunas parcelas es imposible prestar servicios de calidad. Y tercero, y ahí la novedad, porque cree que le respaldan sus propios servicios jurídicos.
Montero anunció que su consejería maneja informes que avalan la convocatoria de oposiciones sin obstáculo alguno en las idénticas condiciones que en 2016, haya o no Presupuestos Generales, la condición que esgrime Rajoy para no bloquear las pruebas. Ahí es donde sale a relucir la famosa tasa de reposición, un auténtico fantasma para todo opositor y cuyo “efecto perverso” denunció ayer la consejera. De esa tasa dependió en el periodo más aciago de la crisis el listón de cuántos huecos de la Administración (por jubilación, defunción...) podían cubrirse. Primero fue cero y ni se celebraron exámenes. Luego se abrió la mano en servicios esenciales (educación y sanidad) cubriendo un 10% de las bajas. En 2016, con la recesión finiquitada, se dio luz verde al 100% en parcelas prioritarias y al 50% en el resto.
Mil versiones
Es en ese punto donde se ha avivado la polémica. El Gobierno central ha lanzado la amenaza de que sin Presupuestos nadie garantiza una tasa de reposición en las mismas condiciones. Montero negó ayer la mayor y tiró de “informes”. Según la Junta, sus servicios jurídicos concluyen que aun en el caso de que las cuentas del Estado no viesen la luz y se prorrogasen las de 2016 se mantendría también de facto la tasa de reposición de ese año, lo que cuadraría con su oferta de plazas. La Junta sí que se enfrenta a otro peligro: que el Ministerio de Hacienda opte por un camino intermedio y se saque de la chistera una nueva tasa de reposición por decreto-ley. Ahí sí que habría conflicto, y duro, a la vista.
La eterna amenaza del efecto llamada
Si se despejan todos los nubarrones y se celebran los exámenes, los opositores andaluces aún tendrán que batallar con el temido efecto llamada. Ya hay hasta ocho comunidades que han anunciado que no convocarán las suyas por la incertidumbre en torno al Presupuesto nacional. Eso implica que miles de candidatos de esas regiones probarían suerte en Andalucía y harían aún más dura la competencia por cada plaza.
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