Los presidentes de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han propuesto ocho puntos clave para la reforma del modelo de financiación autonómica, en el marco de una negociación que debe plantearse, a su juicio, en términos de asegurar con equidad la prestación de los servicios públicos en todas las autonomías, administraciones que "no derrochan" en sanidad, educación o bienestar social.
Así lo han señalado ambos mandatarios tras reunirse en el Palau de la Generalitat en Valencia, encuentro en el que han abordado también la necesidad de que se invierta en el Corredor Mediterráneo como infraestructura clave para la generación de riqueza y empleo.
Antes de desgranar los puntos que Comunitat Valenciana y Andalucía proponen de cara a la reforma de la financiación, Ximo Puig ha mostrado "cierta preocupación" ante el inicio de los trabajos de la comisión de expertos puesta en marcha para estudiar este tema: "Creemos que el Ministerio no ha entendido suficientemente el mensaje que se lanzó desde la Conferencia de Presidentes, se decía que hay que trabajar conjuntamente el proceso, no es el Ministerio el que dicta las normas ni es el que dirige esta operación".
"Vemos con preocupación que se intente controlar desde el Ministerio y no se dé voz real a los expertos de todas las comunidades, que tienen que tener un papel mucho más activo del que parece el Ministerio quiere darles", ha dicho.
En este mismo sentido, la presidenta andaluza ha asegurado que los primeros pasos dados de cara a esta reforma no han dado "certidumbre" a las comunidades autónomas y ha reiterado que hablar de financiación es "hablar de derechos, de servicios públicos y de igualdad".
En el documento acordado por ambas administraciones ante las "incertidumbres" respecto a la actuación del Gobierno recuerdan que la reforma de la financiación no debe abordarse como un debate de territorios, sino para mejorar el Estado del Bienestar en el conjunto de las regiones, de modo que los ciudadanos "tengan los mismos recursos y las mismas oportunidades, ha dicho Puig.
Además, hace hincapié en que el actual sistema no ha protegido el gasto social durante la crisis, sino que en las grandes partidas (sanidad, educación y dependencia) el gasto real por habitante se ha visto obligado a retroceder un 15% y las comunidades dedican 16.000 millones de euros más a prestar servicios esenciales de los que ofrece el Fondo de Garantía, lo que genera una "insuficiencia" de recursos.
También defiende que las comunidades "no derrochan en sanidad, educación y protección social" porque, de hecho, este gasto está cuatro puntos por debajo de la media de países de la Eurozona, con 40.000 millones de euros menos.
El nuevo modelo, señala el texto, debe proporcionar financiación suficiente para que las comunidades "puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables con unos niveles de calidad adecuados y sin incurrir en déficits en el horizonte 2020" y construir un sistema que equipare en recursos a las regiones, dando estabilidad a la financiación de sanidad, educación y servicios sociales, con un nivel de gasto protegido de las oscilaciones del ciclo económico.
Asimismo, el nuevo modelo debe ser "sencillo, transparente y predecible" para permitir la planificación a medio y largo plazo, y tener en cuenta que durante los últimos años la contribución a la reducción del gasto público "ha sido muy desigual" y las comunidades han soportado el mayor peso.
Esto ha provocado el endeudamiento de las comunidades, con lo que se pide abordar la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica, que "amenaza la viabilidad financiera de la totalidad de comunidades de régimen común". La deuda derivada de la infrafinanciación debe ser, por tanto, "tratada y solucionada como problema de Estado".
Para Ximo Puig, el endeudamiento es "un lastre muy importante" para el ejercicio de la actividad y hay que tener en cuenta que "hay instrumentos como el FLA que algunas comunidades han recibido como financiación ordinaria y otras como créditos".
ARMONIZACIÓN FISCAL
Por otra parte, reclama que se asegure la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas y de las autonomías entre sí, con un proceso de armonización fiscal como condición necesaria, porque su ausencia "puede provocar que los ciudadanos decidan dónde vivir no según sus preferencias o condiciones personales, sino según la legislación tributaria", extremo en el que ha incidido la presidenta de la Junta.
Para Puig, no puede darse el caso de que Europa avance en la armonización fiscal y dentro de España "crezcan las diferencias fiscales" porque, además, esto "genera enormes espacios de desigualdad".
Por su parte, Susana Díaz ha insistido en que la negociación del modelo "se puede hacer desde el diálogo, sin enfrentar territorios" y ha recordado que "es imposible separar el debate de la financiación y la armonización fiscal" porque son dos cuestiones que van unidas.
Ha explicado que las comunidades financian la prestación de servicios a través del desarrollo del modelo de financiación, los tramos autonómicos de los impuestos cedidos y los impuestos propios, por lo que si en el primer caso hay un desequilibrio "hay que compensar" con la segunda vía, en el caso de Andalucía 2.000 millones de euros al año.
AYUDARÍA A "EVITAR CONFLICTOS TERRITORIALES"
En este sentido, ha indicado que cuando se cedió una parte del IRPF a las comunidades se hizo "acotado", con un intervalo, pero en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones se hizo "de manera rápida y poco fina, sin intervalo y sin topes", con lo que "otras comunidades que están muy bien financiadas se pueden permitir bajar y de manera llamativa" este gravamen.
"Queremos saber qué se está pagando en el conjunto de España, que haya un intervalo medio, que no haya un desequilibrio", ha remarcado Díaz, que ha insistido en que no hay que permitir "que haya dumping fiscal" y ha criticado que esta discusión se plantee en términos de reclamar una subida de impuestos: "Al contrario, no queremos que los ciudadanos se vean gravados más en unos territorios que en otros porque sus comunidades están mal financiadas".
De este modo, ha insistido, desde la transparencia se podrán evitar "muchos conflictos territoriales" y se conseguirá que "nadie más vuelva a decir que le paga la sanidad o la educación a otro y nadie pensará que está pagando impuestos para pagar o beneficiar a otros territorios", contribuyendo a "destensionar" y a la "cohesión territorial y social" del país".
CORREDOR MEDITERRÁNEO
Respecto al Corredor Mediterráneo, el jefe del Consell ha recordado que debe ser "una prioridad" como "impulsor del crecimiento económico del país", mientras que Díaz ha asegurado que "cuanto antes se tienen que producir inversiones" y con celeridad para ejecutar una infraestructura "imprescindible" para aprovechar la situación geoestratégica del arco mediterráneo "como puerta a África y nexo con las grandes rutas comerciales".
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