La situación que se vive en Navair puede ser descrita como kafkiana o surrealista sin que ello suponga exagerar lo más mínimo. La compañía aeronáutica y de defensa fundada hace 24 años por los hermanos Alberto y Olivier Simon ha visto cómo los socios minoritarios que tomaron el 35% del capital a final de 2014 -y que controlaban desde entonces tres de los cinco puestos del consejo de administración como contrapeso a su menor peso en el capital- han ejecutado un calculado golpe de mano entre finales del pasado año y comienzos de este.
De esta forma, los inversores que llegaron hace algo más de dos años para inyectar liquidez -850.000 euros- y profesionalizar la empresa han acabado quedándose con ella. Y, según el relato de los hechos de los fundadores, con prácticas de dudosa legalidad. Este diario ha intentado sin éxito conseguir la versión de los hechos de los otros socios de la firma.
La consecuencia ha sido que, a día de hoy, los hermanos Simon han interpuesto una querella por administración desleal y fraude societario contra Javier López Rubio, Pilar Ruiz (esposa del primero y consejera delegada de Navair desde abril del pasado año) y Julio Casas. Estos tres inversores han celebrado una sucesión de juntas de accionistas, convocadas gracias a su control del consejo, entre diciembre y febrero en las que han cesado a los Simon de todos sus cargos en la empresa y además habrían aprobado una ampliación de capital de 1,1 millones con la que han pasado a controlar el 68% de Navair. Es decir, los hermanos fundadores tendrían ahora el 32% de su empresa.
Los tres directivos tendrán que acudir a declarar el próximo 7 de marzo al juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla en el marco de esta querella. Las desavenencias entre ambas partes comenzaron en 2016, cuando el nombramiento de Ruiz como consejera delegada se aprobó con la oposición de Alberto y Olivier.
Amenaza de concurso
Posteriormente, en octubre los tres socios plantean su exigencia de ampliar su participación en la empresa, lo que es rechazado por los Simon. Según la versión de estos últimos, la exigencia de ampliar su peso en el capital para tomar la mayoría se hizo bajo amenaza de que se instaría el concurso de acreedores si no se aceptaba.
A partir de ahí, el consejo controlado por esos tres socios ha ido convocando sucesivas juntas para ratificar la salida de Alberto Simon como presidente y la ampliación de capital.
Vacaciones obligadas para cerrar el día de la junta
El patrón que se ha utilizado para impedir a los dos socios mayoritarios de Navair participen en las distintas juntas de accionistas en las que se les ha echado de la empresa ha sido simple: impedirles la entrada a la sede de Navair en el parque Aerópolis de Sevilla. Incluso a la plantilla se le dio día libre forzado para que no hubiera nadie dentro. Así ocurrió, según testimonio verbal y audiovisual de los hermanos Simón, los días 31 de enero; y 2 y 9 de febrero. La última a la que los Simon pudieron asistir fue la del 13 de diciembre.
Además, las notificaciones que obligatoriamente debe enviar la empresa a los socios para acudir a la junta se le enviaban deliberadamente a la propia Navair, de la que ambos están desvinculados desde octubre (Alberto Simon fue cesado ese mes como presidente y Olivier despedido el siguiente).
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