En ambas causas figuran como acusados el ex alcalde Hernán Díaz, y los ex ediles de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos. Ellos, entre otros, figuran también en la macrodenuncia que Ecologistas presentó en 2006 y que aún se encuentra en diligencias previas en el Juzgado número 3. En este último caso el colectivo conservacionista no se ha personado aún, aunque lo hará una vez se anuncie la apertura de juicio oral.
Clavero reconoce que los problemas de saturación de los juzgados pueden estar detrás de estas paralizaciones, pero advirtió que EA no permitirá que se instale “la impunidad”, por cuanto esa es “la esperanza” de los políticos implicados en estas causas y, en todo caso, mantiene que el fin último debe ser la reposición a su estado original de pinar de Coig y El Barranco.
El proceso judicial por pinar de Coig se inició en 2005 tras denuncia ecologista en la Fiscalía de Medio Ambiente. En octubre remitió el caso al Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto y en marzo de 2006 declararon ante su titular los tres políticos acusados, y en abril de 2007 los testigos. En julio de 2008 la titular ordenaba la celebración del juicio en la Sala de lo Penal de Cádiz dando audiencia a las partes para que presentaran los escritos de defensa y acusación. En mayo de este año se ha conocido que algunos no se han presentado y sigue sin convocarse el juicio. Para evitar que el caso quede sin avanzar, EA ha presentado varios recordatorios.
En el caso de El Barranco, se abrieron diligencias apenas presentada la denuncia y en enero de 2007 declararon los tres acusados. En diciembre de ese año el juez pide dos providencias, una al Ayuntamiento portuense para que identificase a los propietarios de las viviendas y otra a la Policía Autonómica para que certificase las zonas alteradas con las construcciones. De momento ninguna se ha resuelto. Bartolomé no espera sentencia hasta dentro de tres años y el problema estará después en exigir su ejecución.
El abogado de EA aprovechó su presencia ante las cámaras para denunciar los “sabotajes en mi despacho, las amenazas telefónicas, los insultos que he recibido para que me retire de los casos” que, sin embargo, y a pesar de que le han afectado “personal y profesionalmente”, aseguró que no le impedirán “seguir en la brecha”. Estos hechos están denunciados ante las fuerzas de seguridad.
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