El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene previsto tomar conocimiento este martes del acuerdo del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, por el que se decide que la pieza 'política' del caso de los ERE fraudulentos, que afecta entre otros a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sea repartida a través de un sorteo entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta.
En este sentido, fuentes del Alto Tribunal Andaluz han informado a Europa Press de que la Sala de Gobierno del TSJA tiene previsto tomar conocimiento, y por tanto ratificar, en su reunión de este martes el acuerdo elevado por el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla de conformidad con los presidentes de las secciones penales.
Asimismo, y según han indicado otras fuentes judiciales consultadas por Europa Press, la juez María Núñez Bolaños podría remitir la causa de los ERE a la Audiencia Provincial de Sevilla a lo largo de esta semana, tras lo que se realizaría el sorteo y se conocería la Sección de la Audiencia encargada de enjuiciar este procedimiento.
Las secciones Primera, Tercera y Cuarta son las únicas que pueden asumir el enjuiciamiento de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos presentados en este procedimiento y, por tanto, no puede enjuiciar la causa.
Esta modificación "puntual" de la última propuesta de las normas de reparto sobre causas de especial complejidad en la Audiencia de Sevilla obedece, según recoge el acuerdo, "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática que en dicha causa concurren".
El presidente de la Audiencia de Sevilla envió el acuerdo al TSJA al objeto de que pueda ser ratificada esa puntual modificación de las normas de reparto.
LA AUDIENCIA CONFIRMA EL PROCESAMIENTO
La Sala de Gobierno ratificará el acuerdo elevado por el presidente de la Audiencia tan sólo cuatro días después de que la Sección Séptima haya confirmado el procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías.
El juez procesó a un total de 26 ex altos cargos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".
Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
