El Estatuto de Autonomía de Andalucía cumple este sábado diez años desde que fue refrendado en referéndum por los andaluces el 18 de febrero de 2007. El voto favorable a la ratificación del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía obtuvo el 87,45 por ciento de los votos, frente al 9,48 por ciento que lo rechazaron y un 3,07 por ciento de votos en blanco.
Aquel referéndum estuvo marcado por la baja participación, que se quedó en un 36,28 por ciento, frente a una abstención del 63,72 por ciento, más de 17,4 puntos por debajo de la alcanzada para la ratificación del texto estatutario de 1981, y los principales responsables políticos no ocultaron su amargor por la poca movilización a las urnas.
En cualquier caso, al día siguiente de ser aprobado en referéndum, el rey Juan Carlos I rubricó el texto estatutario, que entró en vigor el 20 de febrero con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Concluía así un periodo de algo más de seis años y medio desde que en junio de 2001 el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, planteara, con motivo del Debate del Estado de la Comunidad, la idea de reformar el Estatuto de 1981 con el objetivo de dar un "nuevo impulso de autogobierno" para facilitar la "segunda modernización de Andalucía".
Apuntaba así Chaves a la necesidad de abrir un debate sobre el texto estatutario justificándolo en las nuevas circunstancias derivadas de la construcción del Estado de las Autonomías, la nueva arquitectura europea y los avances tecnológicos.
LA PONENCIA INICIA SUS TRABAJOS EN JUNIO DE 2004
En 2003, en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad de la VI Legislatura, Chaves anunció la presentación de un documento con propuestas para la reforma del Estatuto y desde el comienzo de la siguiente legislatura se impulsó definitivamente su proceso de reforma, acordándose en junio de 2004 crear la Ponencia de Reforma del Estatuto, de la que formaron parte once parlamentarios, y que, además de elaborar una declaración conjunta, convocó a un amplio abanico de representantes sociales, económicos y culturales, además de expertos constitucionalistas, que expusieron en sede parlamentaria sus opiniones y propuestas sobre el proyecto.
Tomando como base el contenido de esas comparecencias y las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, la Ponencia elevó a la Comisión de Desarrollo Estatutario su informe definitivo, que fue aprobado en la sesión celebrada el 2 de febrero de 2006. Días después, el Pleno del Parlamento admitió a trámite la proposición de Ley de Reforma del Estatuto con los votos a favor de los grupos Socialistas e IULV-CA y con la abstención del PP y el PA.
Ya en marzo, los líderes de los cuatro partidos andaluces con representación parlamentaria constataron la voluntad política de todos los partidos por aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía "de máximos" dentro del marco de la Constitución y sobre la base del consenso.
En esos días los grupos parlamentarios también acordaron un catálogo de "puntos clave" para lograr el consenso en la reforma del Estatuto: definición de Andalucía, financiación, autogobierno, organización territorial, cuestiones electorales, reforma de la RTVA, nuevos derechos, organización institucional y cohesión social y territorial.
También en ese mismo mes el Consejo Consultivo dictaminó que la proposición de Ley de reforma del Estatuto, en términos generales, se ajustaba a la Constitución y en abril la Ponencia acordó el dictamen del texto que define a Andalucía como "realidad nacional" en el preámbulo y mantiene la denominación de "nacionalidad histórica" en el artículo 1.
RECHAZO DE PP-A Y PA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ
Después, la Comisión de Desarrollo Estatutario aprobó, con el respaldo del PSOE e IU y el rechazo del PP y PA, la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía y el 2 de mayo se celebró definitivamente el debate en el pleno de la Cámara regional, donde la proposición de ley cosechó, como en el órgano anterior, los votos a favor del Grupo Socialista y del de Izquierda Unida, mientras que 'populares' y andalucistas votaron en contra.
Tres días más tarde, la entonces presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, presentó en el Registro del Congreso de los Diputados, presidido por Manuel Marín, la Propuesta de Reforma del Estatuto, con un total de 246 artículos --finalmente serían 250 los que contiene el texto--, frente a los 75 que tenía el Estatuto entonces vigente.
Una vez registrada, el primer paso fue la toma en consideración de la Propuesta de Reforma, que contó con el apoyo de 187 diputados y la oposición de 136, todos ellos del PP. Después los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas al texto, un total de 285 y se constituyó la Ponencia del Congreso --compuesta por once diputados y por otros tantos parlamentarios andaluces--.
Tras su paso por ese órgano mixto, el texto fue enviado a la Comisión Constitucional del Congreso, en la que PSOE, PP e IU alcanzaron, tras intensos debates, el acuerdo definitivo en torno al texto, incluyendo en el preámbulo la "realidad nacional" con una referencia histórica y añadiendo la "indisoluble unidad de la Nación Española".
En aquel momento, también se acordó el pago de la denominada 'deuda histórica', recogida en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto, por la que se estableció un plazo de tres años a partir de la aprobación del nuevo Estatuto para que el Estado afrontase su liquidación y de 18 meses como tiempo máximo para su cuantificación por parte de las administraciones central y autonómica, al tiempo que se introdujo la posibilidad de que la Administración General del Estado realice "anticipos a cuenta".
EL PP SÍ DA SU APOYO EN EL CONGRESO
La Comisión Constitucional remitió la propuesta al pleno del Congreso, que el 2 de noviembre de 2006 dio su visto bueno con un apoyo casi unánime, ya que votaron a favor 306 diputados y solo dos, los de EA y BNG, se abstuvieron.
El siguiente paso fue su remisión al Senado. La ponencia creada en este cámara aprobó a finales de noviembre el dictamen tal y como le fue enviado desde el Congreso, con el voto unánime de todos los grupos a excepción de un único voto en contra del senador del Partido Andalucista. Pocos días después el texto fue debatido y aprobado por la Comisión de Comunidades Autónomas y antes de que acabara ese año, el 20 de diciembre, el pleno de la Cámara Alta aprobó la reforma con 242 votos a favor y una abstención.
El 9 de enero de 2007 el presidente de la Junta informó al Consejo de Gobierno de la convocatoria del referéndum para ratificar la reforma del Estatuto para el domingo 18 de febrero. El presidente andaluz tomó esa decisión después de que el Consejo de Ministros acordara delegar en la Junta la convocatoria y organización de una consulta que se celebraría 40 días después.
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