Susana Díaz no quería, ni por asomo, que en el campo de la educación aflorase otro conflicto similar al de la sanidad, donde tras meses de pulso a plataformas y ciudadanos la Junta se ha visto obligada a claudicar y la imagen de la presidenta como gestora ha sufrido un duro desgaste. El riesgo iba en aumento: el miércoles los centros concertados elevaron el tono de su protesta ante el temor de que se esfumen los conciertos con la Consejería (entiéndase, su fuente de ingresos) y sacaron a los patios de los centros a los alumnos para que leyeran comunicados de protesta. El debate además comenzó a enfangarse en cuestiones ideológicas (la inmensa mayoría de los concertados están controlados por órdenes religiosas) y políticas. La orden fue cortar el conflicto de raíz.
La experiencia de la movilización sanitaria en las capitales de provincia ha espabilado al Gobierno andaluz. La consigna a los consejeros es "ni una más" y la resolución exprés de la concertada confirma la nueva estrategia. Díaz no puede permitirse más faltas en su expediente si quiere continuar puliendo sin sobresaltos sus aspiraciones de asaltar la sede socialista de Ferraz. Por delante quedan aún la postulación oficial, que podría retrasarse más de un mes, y la campaña hacia las primarias que desembocará en el Congreso Federal de mediados de junio. El calendario no admite borrones estrepitosos en casa, en el dia a día de la Junta. La sanidad lo era, y de calado, y se ha solventado a falta sólo del ruido mediático que pueda provocar el Pleno del próximo miércoles en el que el consejero Aquilino Alonso volverá a recibir golpes desde todos los flancos. Calmadas las plataformas y enterradas las polémicas fusiones, Díaz y su Gobierno confían en que se calmen las aguas.
La concertada era la nueva amenaza. Los temores de los centros, cuya voz ha alzado en las últimas semanas Escuelas Católicas de Andalucía, se habían disparado después de que el 31 de enero vencieran las solicitudes de renovación de los conciertos educativos y Educación diese síntomas de que no estaba por la labor de abrir el grifo. Es más, ya se había ido deslizando que la estrategia de la Junta era bajar las persianas definitivamente en aquellas unidades (lo que siempre se conoció popularmente como aulas) con baja demanda por, por ejemplo, el efecto de la caída de la natalidad. A menos niños, menos peticiones de escolarización. Y si eso ocurría, los alumnos deberían ser desviados de esos centros concertados hacia los de la red propia de la Junta. Los centros vieron un ataque más ideológico que presupuestario, apelaron al derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos y el debate comenzó a embarrarse.
Al final ha triunfado la orden de "cuanto menos ruido, mejor". Frente a los meses de conflicto y movilizaciones ciudadanas en el campo sanitario, el conflicto de la concertada ha entrado en vía de resolución en tiempo récord. Ha sido, en palabras de un asesor de la Junta, "una carrera con el extintor para acabar con el fuego". El juego de declaraciones y matizaciones se sucedió en apenas 24 horas. A primera hora de la mañana la consejera De la Calle avanzaba en sede parlamentaria una solución intermedia: ningún alumno escolarizado ya en un centro concertado perdería la plaza, pero nadie garantizaba nuevos acuerdos con los centros porque a partir de ahora hay que decidir dónde se pueden mantener aulas abiertas y dónde no en función de la demanda. Unas horas después hubo más detalles y casi fumata blanca: tras una reunión de la propia consejera con la dirección de ECA a instancias de Ciudadanos la Junta se comprometió a no cerrar líneas con demanda y a que cualquiera de las que se clausure pueda ser reversible en el futuro en función de un cambio al alza en la demografía. El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, se declaró "moderadamente satisfecho" al haber apreciado "sensibilidad".
La bomba de relojería de la concertada parece, pues, por ahora desactivada. Eso sí, las secuelas del acuerdo no se han apagado. Podemos, por ejemplo, ha tachado este mismo jueves de "lamentable" la reunión entre la consejera y la asociación de escuelas católicas e IU ha alertado de que seguirá "vigilante" para que la continuidad de los conciertos no se traduzca en nuevos recortes de medios y profesores en los centros públicos. Juanma Moreno (PP) ha reclamado en una visita a un colegio sevillano que la Consejería sea "clara" y abandone las "ambigüedades" para alejar definitivamente los fantasmas que penden sobre estos centros. El PSOE, por contra, celebra la "celeridad" de la consejera.
Susana Díaz puede respirar ahora algo más tranquila. En una sola semana se ha desecho del fantasma sanitario y puede que tampoco tenga que ver ya más protestas de padres de alumnos. Podrdá concentrarse mejor, por ejemplo, en el acto de esta semana en Madrid en el que calibrará aún más sus posibilidades de lilderar su partido.
