Manuel Chaves y José Antonio Griñán serían los máximos responsables políticos de la supuestas irregularidades cometidas desde el año 2002 en la gestión de las ayudas con las que se financiaron los cursos de formación de la Junta de Andalucía. Ésa es una de las principales conclusiones que arroja la propuesta de dictamen de la comisión de investigación que durante el pasado año acogió el Parlamento autonómico. A ambos expresidentes se les señala por ser quienes ejercieron, desde la máxima autoridad de la Administración andaluza, la “superior dirección y coordinación de todas las consejerías” y, por tanto, también de la de Empleo. Susana Díaz, cuya implicación reclamaban por elevación PP, Podemos e IU, queda al margen de toda responsabilidad.
El presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, presentó este lunes por fin en el Registro de la Cámara su informe de conclusiones. En total, 137 folios estructurados en 9 grandes apartados en los que los más jugosos son el 6 y el 7, el de Conclusiones y Responsabilidades. En este último, el dictamen (una síntesis en la que Díaz, diputado de C’s, trata de encontrar un término medio entre las dispares conclusiones presentadas en su día por los grupos políticos) considera a Chaves y Griñán cabezas visibles de todos los nombramientos en el organigrama de la Junta, y por tanto del periodo investigado, que abarca hasta 2012, un año antes de que Susana Díaz tomara el poder.
También se señala como responsables políticos a todos los titulares de Empleo y los viceconsejeros con competencia en materia de Formación Profesional para el Empleo en ese periodo. Y se arroja al mismo saco, por distintos motivos, a la cúpula del SAE durante una década (desde directores a delegados provinciales) y a los delegados territoriales en esa materia, además de secretarios y directores generales.
No hay en todo el documento, sin embargo, mención alguna al posible menoscabo de fondos públicos que habría provocado la supuesta trama a las arcas públicas. Sólo aparece citada la declaración que hizo en su día uno de los comparecientes, el interventor de la Junta en Huelva Adolfo García Hernández, el único que se atrevió a apuntar esa posibilidad en la primera tanda de comparecencias ante la comisión.
Culpas en cada esquina
El capítulo de Conclusiones es un compendio de errores cometidos en cadena. Las irregularidades serían fruto de un explosivo cóctel en el que se habrían mezclado “falta de personal” hasta influir de forma decisiva en la relajación de los controles, pero también una escasa “coordinación, comunicación y continuidad en la gestión” bajo la que subyacería el “desorden” final. También se afea a la Administración “falta de agilidad y celo”, así como “mala gestión y planificación” en una materia tan sensible como la investigada. También se da un tirón de orejas a quienes han “obstaculizado” la labor de la comisión, en crítica velada a la Junta por los retrasos en la entrega de documentos, y se recuerda que el escándalo de la formación llegó a congelar fondos europeos, algo que el Gobierno de Díaz siempre ha negado.
Entre las Recomendaciones, 52 en total, se sugiere un marco normativo eficaz para las comisiones de investigación, así como una mejora en todos los métodos y procedimientos de justificación de las subvenciones para que la supervisión de ésta sea “rápida, fiable, veraz y efectiva”.
Los partidos tienen hasta el 27 de febrero para presentar modificaciones al dictamen. Si todo marcha en plazo, irá a Pleno a finales de marzo.
Surrealismo puro...
Julio Díaz registró a las 17:30 el dictamen en el Parlamento y un cuarto de hora después comparecía ante los medios para, se suponía, adelantar su contenido. No lo hizo alegando el “carácter reservado” del mismo y que los grupos políticos debían conocerlo antes. El documento se suponía ya público en virtud de la Ley de la Transparencia, pero Díaz se aferró a la sugerencia del letrado mayor de no difundirlo. Una hora después ya circulaba de mano en mano.
