Dos mujeres víctimas de violencia machista Juana Rivas y Vanessa Skewes entregarán mañana más de 150.000 firmas que han recogido a través de la plataforma Change.org para evitar que sus hijos menores de edad vuelvan con sus padres maltratadores.
La entrega de las firmas tendrá lugar mañana en el Registro de la Oficina Central de Atención al Ciudadano, situado en la madrileña calle de la Bolsa.
Ambas han sufrido violencia machista por parte de sus exparejas y, en ambos casos, los hijos presenciaron los episodios de maltrato, según una nota de Change.org.
Juana Rivas, de 35 años y vecina de Maracena (Granada), tuvo que escapar en mayo de 2016 de la isla italiana de Carloforte en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos, de 2 y 10 años.
"Estaba sometida a una situación de violencia física y psicológica insostenible", subraya Rivas, quien indica que su expareja fue condenado mediante una sentencia firme por maltrato, pero haciendo uso de un procedimiento jurídico internacional extraordinario, su expareja quiere que los menores vuelvan a la isla donde han sufrido maltrato durante casi tres años.
El Ayuntamiento de Maracena ha presentado y votado este lunes una moción en la que se insta al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Justicia del Parlamento a elaborar un protocolo específico en los supuestos de sustracción internacional de menores cuando concurre una situación de violencia de género.
Por su parte, Vanessa Skewes, chilena de 30 años, con dos hijos de 7 y 9 años, pudo escapar hace dos años para viajar a España.
Relata que el padre de sus hijos le agredió en "incontables ocasiones", en una incluso llegó a fracturarle la nariz, también abusó sexualmente de ella y amenazó con quemarla a ella y a sus hijos.
Un tribunal de Chile dictó una orden de alejamiento, pero nunca para sus hijos. Hoy, el padre de los niños está reclamando su restitución y España les está obligando a regresar con el agresor, denuncia Vanessa, quien precisa que la Audiencia Provincial de Alicante y el Tribunal Supremo han fallado en su contra y solo le queda reclamar ante el Tribunal Constitucional.
