Punto y final. La Junta de Andalucía da carpetazo este viernes, 27 de enero, a las últimas indemnizaciones que aún se embolsaban los diputados de IU que compartieron Gobierno con el PSOE hasta que Susana Díaz hizo saltar por los aires el pacto fraguado con José Antonio Griñán para evitar la llegada al poder de Javier Arenas. Aquel adelanto electoral forzado en el arranque de 2015 llevaría a las urnas en marzo y dejaría sin escaño a un buen puñado de parlamentarios y altos cargos que por ley tenían derecho desde 2005 a recibir una retribución mensual. Es la compensación que la normativa andaluza, como mucho antes hacía ya la estatal, contempla para hacerles más llevadero el regreso a la actividad privada o el acomodo en otro hueco de la Administración Pública.
Lo perciben los exaltos cargos de la Junta y todos los diputados autonómicos, a los que se reconoce un número de meses en función de la antigüedad y la función. El techo suele situarse en el año, pero hay quien araña más. Es el caso, por ejemplo, de los exconsejeros: si no encuentran antes otro puesto (o no les interesa hacerlo) pueden cobrar hasta dos años. Es lo que en términos políticos se conoce como cesantías VIP, las más jugosas que se despachan.
En ese último capítulo aparecen Diego Valderas y Rafael Rodríguez, el primero de ellos exvicepresidente de la Junta y exconsejero de Presidencia y Administración Local, y el segundo, exconsejero de Turismo. La Junta les reconoció a ambos 24 mensualidades de cesantía (el nombre técnico de la indemnización) a razón de más de 4.000 euros cada una. Arrancaron en 4.186,7 euros y a finales del pasado año, con las actualizaciones presupuestarias, habían escalado hasta los 4.228,57. En total, ambos han ingresado en sus cuentas en torno a 1o1.000 euros. El plazo de percepción reconocido arrancó el 27 de enero de 2015, cuando Susana Díaz hizo volar por los aires el pacto PSOE-IU, y vence hoy, justo dos años después.
Los datos los han ido desgranando mes a mes los Portal de la Transparencia de la Junta y del Parlamento de Andalucía. Con esos datos en la mano, la Administración autonómica aprobó casi una treintena de cesantías sólo de altos cargos cuando se dio por finiquitada la anterior legislatura. A ese grupo hay que sumar las de los diputados autonómicos, que corren por cuenta del Parlamento.
Mil casos
Sólo el coste del primer capítulo se presupuestó en algo más de medio millón de euros, aunque el aporte final siempre está sujeto a mil variaciones. Hay quien apura hasta el último mes el cobro por voluntad propia (en los pasillos del Parlamento se habla de “vacaciones doradas”) o porque no ha logrado reubicarse en otro destino, pero en la mayoría de los casos se perciben durante apenas unos meses. Ocurre, por ejemplo, con el buen puñado de diputados que tras disolverse el Parlamento autonómico a principios de 2015 volvieron a repetir como candidatos en la siguiente legislatura. También cuando pese a no reeditar candidatura o elección sus partidos les encuentran otros sillones en alcaldías, diputaciones, el Congreso o el Senado... Hay quien vira su senda hacia el sector privado o quien incluso renuncia, aunque es el caso menos habitual...
Dos años después, la Junta abonará este mes sus últimos 8.500 euros, las transferencias finales a Valderas y Rodríguez, y pondrá el reloj a cero. En abril de año pasado, por ejemplo, sólo el Parlamento había cargado ya en sus cuentas más de 750.000 euros para compensar el adiós de 64 de los 109 diputados de la legistatura anterior. Son los beneficios de sus señorías...
Por "impulso democrático"
Las indemnizaciones por cese de actividad como alto cargo o diputado autonómico se aprobaron en 2005 como compensación por el régimen de incompatibilidades que se les impuso y que les podría originar problemas para reincorporarse al mercado laboral. El último en ganar esa prebenda es Luciano Alonso, exconsejero obligado a dejar el sillón de diputado porque le esperan los tribunales. Recibirá 4.400 euros durante 10 meses.
